Huauchinango, Pue.- Con la amenaza de expropiarles sus tierras, la empresa canadiense TransCanada pretende lograr que campesinos de Jalpan vendan sus terrenos para la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula, denunció el juez de paz de la comunidad de Agualinda, Antioco González Cabrera.

Tras indicar que ejecutivos de la transnacional gasera les han impedido incluso ejercer su derecho a la reunión “ya que nos quieren sorprender de uno por uno”, señaló que los pobladores de este lugar se han sumado al rechazo a la construcción de la tubería que transportará 886 millones de pies cúbicos de gas diariamente desde el sur del estado de Texas, en Estados Unidos.

“Están tratando de intimidar a los campesinos pequeños propietarios y ejidatarios del lugar donde van a trazar el gasoducto y nos están queriendo sorprende y agarrándonos de uno a uno con el objetivo de impedir que tengamos asesores que nos orienten. Eso es una violación a nuestros derechos como campesinos”, dijo González Cabrera.

Acompañado del dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Miguel Acundo, la autoridad comunitaria indicó que el gobierno y TransCanada debe tomar en cuenta la inconformidad de los habitantes de la región con la instalación del ducto que atravesará unas poblaciones de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Por ello pidió a los miembros de la “Caravana El Campo es de Todos” se sumen a la defensa de su territorio “que es parte del poco ingreso que tenemos para alimentar a nuestras familias”.

Reiteró que ya son varias las comunidades de los municipios de Jalpan, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey que están inconformes con el paso del gasoducto de la empresa TransCanada -que en la región actúa a través de su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca- y con la falta de información sobre las consecuencias y el riesgo para los pobladores.

“Nos amenazan con la expropiación de nuestros terrenos y parcelas. Y quieren pagarle a los propietarios y ejidatarios según como se deje la persona. Si la ven muy humilde le ofrecen poco y esto también es un atropello a nuestros derechos”, dijo el juez de Paz de Agualinda.

Por su parte, el dirigente regional de la CNPA, Miguel Acundo, indicó que su organización  tiene presencia en por todos los municipios por los que va a pasar el ducto y sus militantes les han pedido que intervengan para detener el proyecto. “Se quejan de amenazas y acoso”.

Denunció que algunas autoridades locales han recibido dádivas de la empresa para que permitan el paso de la tubería. “Hay algunas autoridades que han sido tocadas por la empresas, algunos jueces como el de Montellano en Pahuatlán, el presidente auxiliar de Chila en Honey que no defienden los intereses de la comunidad”, ejemplificó.

Y respecto al presidente municipal de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, que fue acusado por el diputado federal Carlos Barragán Amador de haber recibido 2 millones de pesos de TransCanada para autorizar el cambio de uso de suelo para la instalación de la tubería, indicó que “es evidente que está de acuerdo con el proyecto, porque hace unos días que la gente se manifestó, no los recibió. Se escondió y se echó a correr y esa es una clara prueba de que él trae acuerdo con la empresa”

La CNPA, anunció, va a intervenir en el asunto, como lo hizo en el de autopista México-Tuxpan, “no logramos detener el proyecto, pero por lo menos los campesinos fueron indemnizados conforme a derecho. El primer objetivo es pararlo (al gasoducto) y vamos a apoyar ese movimiento. Le decimos al gobierno y a las empresas que deben consultar a los pueblos. Tiene que haber antes una consulta expedita, informada para que ese tipo de proyectos se establezcan”.

“Estamos planteando la consulta para que se fortalezca, porque va de la mano de los derechos humanos. Vamos a sostener la posición de que se lleve a cabo la consulta, pero si la gente dice no a la obra, no tiene por qué hacerse”, sentenció Acundo.