Huauchinango, Pue.- A garantizar el derecho a la consulta “previa, libre e informada” de las comunidades y pueblos indígenas afectados por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales, llamó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, tanto al gobierno mexicano como a los corporativos que trabajan aquí.

Al dar a conocer sus conclusiones preliminares, ya que su informe final se emitirá en junio de 2017, la misión recomendó a las autoridades y empresarios “aprender de los errores del pasado” y cumplir con los tratados internacionales, como el de la “debida diligencia” que es el  núcleo de los Principios Rectores de empresas y derechos humanos.

Esta semana, miembros del Consejo Shingu Yamui (Muchos Corazones) de comunidades defensoras de la Sierra de Puebla e Hidalgo demandaron ante la misión de observación de la ONU, que el gobierno mexicano cancele oficial y definitivamente el gasoducto Tuxpan-Tula que quiere construir en su territorio la empresa TransCanada.

Hay que “evitar daños o impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, (pues) no debería considerarse una carga sino una oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible. No se trata de ser generosos, sino de respetar derechos”, dijo Dante Pesce, miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

En este marco, los miembros del grupo exhortaron a garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, “frente a ataques e intimidación” que no deben ser tolerados ni provocados desde el gobierno y las empresas.

Los expertos exhortaron al diseño de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos para “cambiar prácticas y mentalidades y afianzar de manera más profunda una cultura de transparencia, integridad y valores democráticos. El Gobierno debe dar ejemplo”, dijeron.

El Grupo de Trabajo se reunió con más de 100 representantes del gobierno, visitó cuatro entidades federativas y escuchó los testimonios de unos 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, pueblos indígenas, así como representantes de empresas, privadas y estatales.