Huauchinango, Pue.- Ciudadanos Unidos de Huauchinango entregaron a los asistentes a una asamblea informativa el pliego de peticiones que presentarán ante la Secretaría General de Gobierno del Estado, con la intención de solucionar el conflicto entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los usuarios de tres municipios serranos.

Reiteraron que está vigente su petición de “Borrón y Cuenta Nueva”, debido que los usuarios tenían contrato con Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y no con CFE, empresa que recibió por la vía del Sistema de Administración y Enajenación de bienes (SAE) las instalaciones a través de un contrato de comodato, el cual -apuntaron- le impedía obtener lucro o ganancias.

Se pronunciaron por la no imposición de medidores de prepago, pues argumentaron que deben contar con el consentimiento y la aprobación del usuario porque el medidor es “propiedad del usuario”. 

También destacó la toma de lecturas reales de consumo de energía eléctrica, ebido a que, al hacer estimaciones el “resultado son los llamados recibos locos (inflados)”.

Indicaron que exigen la firma de un contrato de contraprestaciones de servicio y la instalación de una “sucursal digna de atención al usuario, un lugar donde se pueda recibir información, aclaraciones, quejas, pagos”.

Los inconformes señalaron que se está pugnando para que cesen las intimidaciones extrajudiciales de la CFE a los usuarios en las colonias y juntas auxiliares “Además la CFE no es autoridad, sólo es un proveedor”.

Los apagones, indicaron, solamente han favorecido a la inseguridad, la baja productividad económica y han causado daños a la salud.

Asimismo, dieron a conocer que ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se han presentado hasta el momento alrededor de 24 mil 778 quejas de 31 mil contratos en la región. Las demandas han sido por el mal servicio y abusos que ha tenido la CFE, por lo que se logró la suspensión de toda acción de cortes del servicio, en tanto se tramiten y no haya solución al conflicto.

Por último, dieron a conocer que se entregó en las cámaras de diputados y senadores la petición de “subir a rango constitucional el derecho a la energía como un derecho humano y se sustentó la petición con más de 450 mil firmas”.