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Conflictos por mineras obligarán a SCJN a discutir Ley Minera: SURI

Si el gobierno no actúa apegado a derecho, los pueblos replantearán una estrategia de defensa de los bienes naturales asentados en las regiones indígenas

Huauchinango, Pue.- Será la realidad que se manifiesta en el crecimiento de los conflictos desatados por la concesión de los territorios indígenas a empresas de la industria extractiva minera la que obligará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a discutir la constitucionalidad de la Ley Minera y su aplicación, consideró la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI).

El pronunciamiento de algunos habitantes de la Sierra Norte poblana se dio luego de la decisión de la SCJN de sobreseer el Amparo promovido por la comunidad indígena Me`phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero, que pidió analizar la ley expedida durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por considerar que es violatoria a los tratados internacionales que tutelan los derechos de los pueblos originarios.

“El Estado mexicano autorizó concesiones mineras en las regiones indígenas de una forma ilegal e ilegítima, creando situaciones de conflicto en la que han perdido la vida varias personas al enfrentarse con los intereses de grandes corporaciones. Esta situación la experimentamos en los pueblos y comunidades de la Sierra Norte de Puebla”, acotaron.

Por ello, el SURI consideró que el gobierno debe tomar medidas de solución apegadas a derecho, empezando por respetar los tratados internacionales y armonizar las leyes a la Constitución, “y establecer una mesa de alto nivel que permita solucionar nuestros reclamos legítimos de reconocer y respetar nuestros territorios indígenas”.

De no actuar de esta manera, anticipó la organización, los pueblos replantearán una estrategia de defensa de los bienes naturales asentados en las regiones indígenas en donde vivimos.

Y ante la decisión de la Corte que no entró al fondo del Amparo demandado por los indígenas, consideró que “la escalada de los conflictos provocados por los proyectos de muerte, tarde que temprano, en el marco del Protocolo aprobado por la propia Corte se va a tener que abordar y resolver a favor de los pueblos originarios de la Nación”.

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