Huauchinango, Pue.- Como un acto descarado, calificaron militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la colocación de propaganda del candidato a la gubernatura por el PAN, José Antonio Gali Fayad, en oficinas públicas estatales del municipio de Huauchinango.

Jesús Segreste Díaz, miembro del equipo de campaña de Blanca Alcalá Ruiz, dio a conocer la colocación de varios ejemplares de un  informe de actividades de Gali, como alcalde de Puebla, en el mostrador de atención al público de la oficina del Registro Civil aledaña al Hospital General de Huauchinango.

“Con enojo descubrimos que en las oficinas del registro civil del Hospital hay algunos folletos de publicidad de Antonio Gali. Evidentemente es un acto descarado al hacerle campaña a su candidato. Si bien no es publicidad de la campaña, sino informes de su gestión como alcalde de Puebla, nos preguntamos ¿qué hacen en una oficina estatal?, ¿Qué hacen en el municipio de Huauchinango? ¿Por qué en época electoral? Evidentemente es una situación totalmente ilegal e injusta e inequitativa y un atropello a los electores”, consideró.

Indicó que ésta es una prueba más de que en Puebla se está viviendo una “elección de Estado” y aseguró que quienes no coinciden en el apoyo al candidato “oficial del gobierno del estado” se está viviendo un acoso sistemático. “Hemos visto en días pasados como todos los recursos municipales fueron utilizados para el acarreo y el desarrollo del mitin de apoyo a Gali.

“Todos los funcionarios estatales y municipales estuvieron al servicio de una causa político partidista y vimos como los alcaldes de Pahuatlán y Huauchinango pusieron todos los recursos públicos a su servicio. Están ofreciendo dinero, despensas a cambio del voto de los ciudadanos y que provienen de los recursos públicos estatales”, añadió.

Estimó que la detención en Pahuatlán de dos ex empleados del programa Prospera se dio en el marco de este clima que se vive en la elección. “Ellos renunciaron a su empleo y hoy están participando de manera libre en la campaña de Blanca Alcalá. Si esto fuera lógico, tendrían también que detener a Fernando Morales Martínez, quien hasta hace poco también era funcionario público y estaría cometiendo un ilícito. No se vale que exijan respeto cuando no lo dan”.