Coronango, Pue.- Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre acusaron que el ayuntamiento despojó a los habitantes del fraccionamiento Misiones de San Francisco del centro comunitario donde tomaban clases en diversas disciplinas unos 500 niños.

Sin embargo, la presidenta municipal, Hermelinda Macoto, negó la acusación y sostuvo que el inmueble que se encuentra en el complejo habitacional es propiedad de la comuna, además de que ahí se instaló la comisaría municipal, tomando en cuenta que la seguridad es una de las principales demandas de los habitantes de la zona.

Para este miércoles los integrantes de la organización de comerciantes habían convocado a un mitin y marcha en protesta por lo que consideran un atropello, pero no fue posible realizarla, debido al reducido grupo de vecinos que se juntó.

Los quejosos, además, aseguran que las instalaciones, así como algunos espacios verdes, forman parte de un área común que la empresa Casas Geo asignó como atractivo para quienes compraron su vivienda.

La alcaldesa reveló que previo a tomar la decisión de instalar la sede de la policía, se platicó con los profesores de las diversas actividades, a quienes les comentó que podrían seguir en el sitio, sin embargo algunas tendrían que realizarse al aire libre.

Además, dijo que el área que es utilizada por el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) se les construyó un acceso particular y se dignificaron las instalaciones.

Los vendedores ambulantes acusaron también que sus agremiados que desarrollaban su actividad en vialidades del complejo habitacional fueron retirados de manera arbitraria impidiendo su derecho al trabajo.

Macoto aclaró que se pidió a tres ambulantes que se instalaron en el acceso principal que se retiraran del lugar y dieron como plazo el viernes 15 de abril para que ello ocurriera; dijo que se buscó una salida por medio de la búsqueda de un predio en donde se pudieran delimitar espacios para el comercio, sin embargo, se negaron a atender la propuesta.