San Pedro Cholula, Pue.- Integrantes del comité ciudadano interino del agua en Santiago Momoxpan, acusaron que Mauricio Arriaga, funcionario del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cholula (Sosapach), acompañado de la fuerza pública, intentó desalojarlos de sus oficinas, pese a que existe un acuerdo para mantener la operación del sistema hidráulico por medio de usos y costumbres.

El titular de la unidad de Gobernación, Luis Alberto Arriaga, dijo que la operación se concretó y se recuperaron las oficinas que pertenecen el organismo; según su dicho, de acuerdo con la nueva Ley de Aguas del estado, los comités ciudadanos son ilegales.

“Ellos se asumen como comité del agua de Momoxpan sin ningún fundamento y sin ningún argumento, ese es el asunto, es un movimiento enmascarado, donde están siendo liderados por Armando Paredes, ex candidato del PRI, a la presidencia y la ex candidata del PAN”, señaló.

Amado Paredes, vocal del grupo de transición, acusó que fueron retenidos por alrededor de 30 minutos al interior de las oficinas, en tanto, policías pateaban la puerta para exigirles que salieran.

Según las versiones de los vecinos, al menos 60 elementos policíacos desplegaron el operativo, aunque en un video difundido por ellos, se alcanza a ver una decena de ellos que son repelidos por personas que a esas alturas ya se habían reunido en las inmediaciones.

El todavía director del Sospach, Mario Blanca Jiménez, habría estado presente en la asamblea pública del pasado domingo donde defenestraron a los representantes, Fermín Garita y Otilio Zempoaltécatl, por omisos y opacos.

Se decidió instalar el comité interino para que convocara a nuevas elecciones y tener un nuevo comité que defienda la pertenencia del pozo a favor de los ciudadanos.

La resistencia está ligada con la sospecha fundada de que la tarifa por el servicio que actualmente es de 40 pesos mensuales, llegue a 350 pesos, y por tanto les genere afectaciones a su economía.

Arriaga dijo que el comité interino está cobrando el agua y están engañando a la gente y debido a que el ingreso por cobro del agua forma parte de la cuenta pública ante el Órganos de Fiscalización podría traer complicaciones legales y fiscales.

Los señaló de estar cometiendo el delito de despojo, una vez que las oficinas son públicas y adelantó que serán denunciados ante las autoridades correspondientes.

Previamente, los vecinos ya habían impedido la operación de la caja de cobro que instaló el municipio.