Tlanepantla, Pue.- Pobladores de Tlanepantla incendiaron 2 automóviles que serían propiedad del edil José Efraín García García y dejaron 15 policías heridos, tras enfrentarse con granaderos que pretendían liberar el palacio municipal que permanece cerrado en protesta por la gestión del alcalde.

La llegada de los antimotines ocasionó una pelea con los uniformados que fueron rociados con gasolina. También les lanzaron bombas caseras.

Tras la confrontación algunos habitantes se trasladaron a la casa del munícipe para incendiar un automóvil Volkwagen Jetta y una camioneta GMC Acadia con valor de 600 mil pesos, que serían propiedad del presidente. Al mismo tiempo saquearon su casa.

En los hechos hubo varios detenidos –entre ellos una persona de la tercera edad- por parte de los policías de Tlanepantla, quienes al momento en que se los iban a llevar, fueron retenidos por los habitantes que tomaron a dos de ellos como rehenes.

Una vez que la Policía Estatal intentó rescatarlos, la gente les advirtió que les entregarían a los uniformados municipales si soltaban a los detenidos. Es así como negociaron y finalmente los oficiales retenidos fueron liberados.

El desalojo fue parcial ya que parte de los inconformes ofrecieron dialogar con los representantes del gobierno estatal para dialogar llegar a un acuerdo sobre el conflicto.

Posteriormente la gente cerró los accesos al municipio alrededor de las 17 horas, pero a los pocos minutos las vialidades fueron reabiertas según lo reportado por la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Desde la noche del martes 20 de octubre, opositores al alcalde de Tlanepantla soldaron las puertas de la alcaldía para exigir su destitución luego de acusarlo de no cumplir sus obligaciones.

También lo señalaron por enriquecimiento ilícito ya que compró autos costosos, aunque no presentaron pruebas de ello.

Entrevistado sobre la situación en Tlanepantla, José Efraín García García dijo desconocer datos del operativo realizado por la Policía Estatal y sobre la situación en general.

SGG emite postura

La Secretaría General de Gobierno (SGG) confirmó que este día un grupo de pobladores se enfrentaron a las autoridades que llegaron a la población para investigar las acusaciones contra el munícipe.

Tras acusar a la familia Morón de incitar a la violencia, el gobierno del estado dio a conocer que fincará responsabilidades contra quienes iniciaron las agresiones.

En un boletín de prensa, la SGG denunció que siete de los diez regidores de cabildo cerraron desde octubre, de manera arbitraria, las oficinas municipales.

A continuación el comunicado completo:

Desde el pasado 20 de octubre la Secretaría General de Gobierno (SGG) tuvo conocimiento de un conflicto al interior del Ayuntamiento de Tlanepantla, en donde siete de los diez miembros del Cabildo, de manera arbitraria, cerraron las instalaciones de la presidencia municipal, en perjuicio de la prestación de los servicios para la población.

Este grupo de regidores fue convocado por la Subsecretaría de Gobierno y expresaron, que el Presidente Municipal tenía malos manejos en su administración.

Derivado de lo anterior se mantuvieron diferentes reuniones de diálogo con ambas partes para encontrar una solución al conflicto planteado y con el propósito de corroborar lo dicho por este grupo de regidores, la SGG solicitó al H. Congreso, a través de la Auditoría Superior del Estado, la posibilidad de realizar una revisión integral a la administración municipal.

Con ese propósito, este día acudieron al municipio dos auditores, acompañados de un notario, un representante de Derechos Humanos y un representante del Consejo Ciudadano de Seguridad, acompañados por miembros de Seguridad Pública Estatal, a fin de darles las facilidades para el cumplimiento de esta demanda. Sin embargo, un grupo de habitantes, encabezados por la familia Morón, azuzaron a la población para impedir el cumplimiento de la diligencia.

En ese contexto, se solicitó la presencia de la policía estatal y lamentablemente los pobladores, al haber sido manipulados, actuaron de manera agresiva en contra de las autoridades. Conocedora de estos hechos la Procuraduría General de Justicia inició las investigaciones pertinentes, para fincar responsabilidades a quienes provocaron las agresiones físicas y materiales.

La SGG mantendrá abierta la posibilidad de encontrar una solución negociada en este conflicto, conforme a la legalidad.