Por impedir a Deselec-Comexhidro la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 en el río Ajajalpan, indígenas han sido hostigados y perseguidos por la empresa, misma que les ha fabricado delitos por los que habría 14 denuncias en contra de pobladores, denunció la Organización Tutunacu-Nahua en Defensa del Territorio de los Pueblos.

En rueda de prensa en Puebla, la agrupación indígena consideró que autoridades municipales, estatales y federales han violado sus derechos humanos, y consideraron que han coartado su derecho a la autodeterminación.

Particularmente, acusaron a la empresa Deselec-Comexhidro por la presunta fabricación de delitos en contra de líderes opositores, pues, dijeron que extraoficialmente tienen conocimiento de 14 denuncias en su contra por supuestas agresiones a empleados de la constructora, aunque no han registrado la detención de alguno de sus integrantes.

En ese sentido, responsabilizaron directamente a los ediles de los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya.

Lamentaron que la situación se agudizó luego que el 1 de julio difundieron a nivel nacional lo que calificaron como una “simulación” en la consulta que realizó la Secretaría de Energía (SENER), junto con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En ese sentido, enfatizaron su rechazo a la instalación de la hidroeléctrica Puebla 1, que se instalaría en el río Ajajalpan, y que afirman, afectará el ecosistema de municipios como Tepatlán, Ahuacatlán, Tlapacoya, Jopala, Tepango, Olintla, Amixtlán, Huehuetla, Zoquiapa, Zongozotla, entre otros.

Reiteraron su exigencia respecto a que Deselec-Comexhidro frene definitivamente sus operaciones en el río Ajajalpan y salga de la región.

Responsabilizan a EPN y a RMV

Los indígenas responsabilizaron directamente al presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y a los dueños de Deselec-Comexhidro, Carlos Jinich Ripstein y Salomón Camhali, por cualquier afectación a su “integridad física y psicológica”.

Lo anterior en referencia a la presunta fabricación de delitos en contra de los opositores como parte de una estrategia para criminalizar su causa y frenar la lucha por la defensa de su tierra.

Engañan a pobladores para que aprueben proyecto

De la misma manera, señalaron a Filiberto Hernández, quien “se autodenomina integrante de la Organización de Campesinos Unidos de Tepatlán y Tlapacoya, ex secretario municipal de Juan Galindo, y a quien las comunidades identifican como abogado y representante de dicha empresa”, de engañar a indígenas para que acepten el proyecto.

Al respecto, explicaron que mintió a pobladores, a quienes solicitó documentos que acreditan posesión y propiedad de terrenos, supuestamente para gestionar escrituras, mismas que no fueron entregadas y que en realidad servirían como base de la supuesta aprobación de las comunidades sobre el proyecto Puebla 1.

Recordaron que algunas de las “consultas” se han llevado a cabo en domicilios particulares, en donde se han firmado actas con apenas 10 o 15 pobladores, a quienes la empresa ha pagado.

Lamentaron que se busca imponer a la hidroeléctrica, toda vez que, aseguran, el rechazo involucra hasta el 90 por ciento de los indígenas de esa región.

Al final, negaron que exista beneficio para quienes viven en los municipios de esa región, pues –consideraron- solamente favorecerá a Comexhidro, Walmart, Vips, Suburbia, Waldos, Colchas de México, y algunas constructoras.