Huauchinango, Pue.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició una intensa campaña de cobro a miles de usuarios de los municipios de Ahuazotepec, Juan Galindo y Huauchinango que eran atendidos por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que quedaron en un “limbo jurídico” debido a que no tienen contrato de prestación de servicio con la empresa que pretende recaudar esos recursos.

A unos días de que el gobierno federal iniciara la entrega de las plantas generadoras de electricidad de Necaxa al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que las operará junto con la portuguesa Mota Engil, la CFE instaló una caseta de información junto al cajero automático ubicado en la Presidencia Municipal y puso en marcha una campaña mediática para “cobrar los adeudos” que, asegura, desde hace seis años tienen con ella los usuarios de esta región.

Con entrevistas en los canales de televisión de paga y la publicación de algunas inserciones en medios impresos y electrónicos, empleados de la CFE están exhortando a sus supuestos deudores para que paguen o negocien un esquema de pago a plazos, ante el desconcierto de los pobladores que no se explica la manera en que la empresa ha calculado el consumo de energía en sus hogares debido a que se han abstenido de tomar las lecturas.

En tanto afiliados al SME continúan recibiendo quejas dirigidas a la Procuraduría Federal del Consumidor tanto por el intento de cobro, como por las averías que han sufrido los aparatos electrodomésticos debido a las variaciones de voltaje y los prolongados apagones que se han sufrido en la región desde que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro fueron expulsados de sus centros de trabajo en octubre de 2009.

Mientras un grupo de vecinos de la colonia popular Santa Catarina de Huauchinango denunció que la CFE pretende hacer “cobros estratosféricos por el supuesto servicio que otorgó en estos seis años” e indicaron que parece que la campaña iniciada por la empresa es como “su año de Hidalgo ahora que tendrán que devolver la zona a los electricistas del SME”.

“Mi hermana –dijo a este medio Germán Hernández-, quien es la titular del contrato con Luz y Fuerza del Centro, fue a preguntar al módulo de la presidencia cuánto debía. Le dijeron que por estos seis años adeuda 48 mil pesos, cuando en la casa sólo vive ella con sus dos hijos menores. Tienen un televisor, un refrigerador y  seis focos ahorradores. Así que no nos explicamos cómo hicieron su cálculo, porque además nunca fueron a tomar la lectura del medidor”. 

Mientras, al módulo de información de CFE llegan unas dos o tres personas por día, indicaron algunos empleados municipales que ocupan oficinas cercanas a la carpa de plástico que instaló, en el primer patio del edificio público, la exparaestatal para que despachen sus empleados y atender a los usuarios.

Consultados al respecto, algunos comerciantes que pidieron su derecho al anonimato, indicaron que tras resolverse el problema laboral de los miembros del SME, esperaran a que haya una definición más clara sobre a quién se debe pagar el suministro de energía eléctrica.

Desde el 11 de octubre de 2009, cuando se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, miles de usuarios que habitan en los municipios de Juan Galindo, Huauchinango y Ahuazotepec, quedaron a la deriva y no han recibido ninguna notificación sobre un cambio de proveedor del servicio, “ni tampoco se han tomado las lecturas del consumo de energía para determinar los cobros”.

En el decreto de extinción no se estableció con claridad qué sucedería con los servicios que prestaba, qué pasaría con los usuarios, por lo que el suministro de energía eléctrica, la venta, facturación, mantenimiento y atención de los habitantes está a la deriva.

Tres años después la CFE se ostentó como suministrador de energía en la zona, pero se negó a otorgar contratos a los usuarios para regularizar el servicio de energía eléctrica y a abrir una oficina de atención a clientes.

La situación ha servido incluso de bandera en algunas campañas electorales, por ejemplo la del actual diputado federal Carlos Barragán Amador quien se comprometió a encabezar las gestiones para que se obtenga un “borrón y cuenta nueva” del presunto adeudo de los habitantes de Juan Galindo y Huauchinango por el consumo de electricidad.