Pedro Carmona Romero, uno de los líderes de colonos del fraccionamiento Misiones de San Francisco, interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) en contra de la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto y funcionarios de su gobierno por privarlo de su libertad y por sembrarle un arma blanca.

El también integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, mantiene una disputa con la comuna por el control de unos locales comerciales ubicados a la entrada del fraccionamiento los cuales, asegura, la constructora Casas Geo les dio en comodato y que la administración municipal reclama para su cobro.

Después de un incidente el pasado sábado, Carmona Romero fue acusado de intentar agredir con un arma punzocortante a los policías, la cual asegura le fue puesta en las manos para plasmar sus huellas.

El comerciante señala de manera directa a la presidenta municipal, pero también al síndico Víctor Arce, a la coordinadora jurídica, Catalina López Rodríguez, así como al comandante Miguel Durán, por los hechos y los responsabiliza por lo que pudiera ocurrirle a él o su familia.

En su queja, que se agregará al proceso 054/2015, Carmona acusó que fueron violados sus derechos, además de que se le intimidó con trasladarlo al penal de San Miguel, si seguía declarando públicamente en contra de la alcaldesa. Para lograr su libertad debió pagar 22 mil pesos.

Ya existía un proceso abierto previamente por lo que asegura ha sido la constante andanada de amenazas por parte de la presidenta municipal.

Tras el incidente del pasado sábado, policías municipales resguardan los locales para evitar que los vecinos entren.

El conflicto en este fraccionamiento está relacionado con el proceso de municipalización, el cual quedó trunco después de que la firma se declaró en quiebra y no concluyó algunos trámites y servicios.

A contrapelo, el ayuntamiento declaró en varias ocasiones la imposibilidad de otorgar algunos servicios; entre estos escenarios, afloró la molestia de los vecinos por la instalación de una caseta de cobro del impuesto predial pese a que la comuna tampoco ha respondido de manera óptima a las necesidades de los vecinos.