Huauchinango, Pue.- El delegado en Huauchinango del Instituto Registral y Catastral del estado, Jaime Quintanilla Álvarez, fue acusado de pedir un pago extraordinario de 300 pesos para la anotación de avisos preventivos y la expedición de certificados a 30 personas; como se negaron a entregarle el dinero efectivo, él rechazó dar el servicio.

En entrevista, el abogado Aurelio Ramírez Martínez, representante de tres decenas de habitantes de la colonia Valle Fénix, dijo que tuvo recurrir a diversas instancias legales para revertir la negativa del funcionario estatal a anotar los avisos preventivos y a expedir los certificados, a pesar de que ante el registrador cumplieron los requisitos que marca la ley.

Aurelio Ramírez expresó que antes de asistir al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, cada uno de sus representados pagó en un banco 510 pesos para que ingresaran los recursos a las arcas del gobierno.

Sin embargo al llegar a la delegación de esa dependencia estatal, el personal solicitó la cantidad de 300 pesos extras a cada uno, además de lo que ya habían pagado en el banco, y le aclararon que no le extenderían recibo por el concepto, por lo que en seguida se entrevistó con Jaime Quintanilla Álvarez, quien le recalcó que si le urgían los documentos tendría que pagar el extra.

El profesionista argumentó que las personas que él representa son gente con escasos recursos y, además, el cobro es indebido, esto se lo expresaron el 5 de junio a los empleados al servicio del estado.

El trámite ha sido retardado injustificadamente por el registrador, dijo Ramírez Martínez, pues “los documentos del registro se deben entregar en un periodo no mayor a los tres días, y hasta el 24 de julio, aún no se otorgaba el servicio por parte del funcionario, porque no se le pagó el extra que solicitó”.

La anomalía fue dada a conocer a la Secretaría de la Contraloría en “reiteradas ocasiones”, pero al no tener una respuesta favorable, el abogado recurrió al amparo por su propio derecho y en representación de las 30 personas afectadas por la omisión y cobro que indebidamente se pretendía hacer.

El encargado de los 30 trámites dijo saber de más casos similares en los que ha incurrido el registrador que, a decir de comentarios que circulan en el gremio, “Jaime Quintanilla es de Zacatlán y se dice ser amigo cercano y paisano de la actual coordinadora  General del Registro Público de la Propiedad en el estado Carmen Soto Sánchez, por lo que se cree que difícilmente se ejercerá alguna medida, pese a que sus acciones que “contravienen los principios de legalidad que se han promovido por el gobernador y también puedo comentar que desde que llegó el funcionario, se notó que traía la espada desenvainada”, manifestó.