San Pedro Cholula, Pue.- La denuncia penal presentada contra la ex presidenta municipal Dolores Parra Jiménez, ocurrió porque así lo marcan los tiempos legales y para no incurrir en responsabilidades ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que no ha solventado observaciones por 24.7 millones de pesos, aceptó el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres.

Pese a que se tenían los elementos de las irregularidades desde, al menos, medio año atrás, el edil negó que la cercanía de la denuncia con los comicios federales sea intencional tal y como lo aseguró su antecesora.

Ayer, el ayuntamiento de esa demarcación denunció a Parra Jiménez por el uso indebido de 24.7 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en el año 2013, y que no han sido solventados ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

El edil explicó que existía un rezago de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en las últimas semanas dio a conocer los resolutivos, por lo que su gobierno estaba obligado a iniciar el procedimiento, de lo contrario, podría incurrir en responsabilidad.

“Nos preocupa mucho porque nos afecta directamente a las finanzas municipales, el hecho de que la ASF haya encontrado un desvío de recursos importante, donde nosotros hoy arrastramos con parte de la responsabilidad financiera, pero es muy claro que la responsabilidad penal corresponde a la administración anterior”, dijo.

Hay otro funcionario denunciado

José Juan Espinosa Torres reveló que José Jonás Torres Pérez, ex empleado de la Sindicatura, también enfrenta un proceso penal, luego de que de manera intencional dejó perder juicios que causaron un daño cercano a los 2 millones de pesos a la comuna.

Dijo que la complicidad del ex funcionario con el demandante fue comprobada. Con todo, Torres Pérez había promovido un amparo, que a decir del munícipe, fue negado recientemente por lo cual no existe impedimento para que sea juzgado.

El alcalde señaló que espera que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia y se logre en el corto plazo la detención, así como la reparación del daño.

Otra anomalía a la que se le da seguimiento es a la supuesta compra de un mecanismo que automatiza la entrada de vehículos al estacionamiento central, el cual no existe, incluso fue observado por la ASF.