El candidato panista a diputado federal por el Distrito 2 con cabecera en Zacatlán, Mario Alberto Cruz González, reconoció que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación en la que se le involucra y que tiene observaciones por solventar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque rechazó tener vínculos con células delictivas.

A través de un comunicado, pues no se presentó a una conferencia de medios que ofrecería la tarde de este martes, el aspirante albiazul condenó que la indagatoria de la dependencia federal se haya filtrado a medios de comunicación y responsabilizó de ello al gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al temer su derrota en las elecciones del próximo domingo.

Este martes el periódico El Financiero y el portal de noticias Eje Central, dieron a conocer que la PGR ordenó una investigación urgente hacia el candidato, en la que también se incluye al ex presidente municipal de Zacatlán, Raúl de Llata Mier, al encargado del Organismo Operador de la Feria de las Manzanas, Ernesto Escamilla García, y al empresario constructor Javier Hernández Orta, por presuntos delitos contra la salud y vínculos con el crimen organizado. 

Hernández Orta es representante legal de la empresa Constructora e Inmobiliaria SASEJA de Zacatlán S.A. de C.V., que durante 2014 ejecutó 13 diferentes obras de ese municipio, que preside actualmente Marcos Flores Morales.

En su misiva a los medios de comunicación, el aspirante panista reconoció la existencia de la indagatoria pero rechazó que tenga nexos con la delincuencia organizada. Por el contrario, acusó que dar a conocer la investigación constituye una violación a la confidencialidad de ese proceso.

“La extracción y entrega a un medio de comunicación de los datos de una averiguación previa no implica responsabilidad, ni prueba de delito alguno, y sí representa una violación a la secrecía de las indagatorias judiciales, a las garantías individuales de los implicados, y vulnera el debido proceso de cualquier investigación seria”, expuso el candidato.

Sobre las observaciones hechas por la ASF, argumentó que estas “aún pueden ser solventadas”, aunque no explicó en qué consisten estos expedientes.

De acuerdo con medios de comunicación de Zacatlán, en semanas pasadas el candidato explicó que pese a que ya concluyó el proceso de regularización de las observaciones hechas por la Auditoría a su gestión como alcalde de ese municipio (periodo 2011-2014), aún no existe un dictamen que lo exima de señalamientos por probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 25 millones de pesos y por la ejecución de 25 obras públicas que no benefician sectores con rezago social.

Cruz González reiteró en responsabilizar al PRI –del que era militante hasta el año pasado–, así como al gobierno federal, por dar a conocer los expedientes.

Constructor involucrado realizó 13 obras en 2014

Javier Hernández Orta es representante legal de la empresa Constructora e Inmobiliaria SASEJA de Zacatlán S.A. de C.V., ubicada en ese municipio.

En 2014 la empresa se hizo cargo de la ejecución de 13 obras del ayuntamiento de Zacatlán que preside Marcos Flores Morales: la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Galeana, Prolongación Santa Elena y Capulines, así como de las guarniciones y banquetas de esas vialidades, mismas que se contemplaron como otros proyectos de obra, además de la primera etapa de la pavimentación de la calle 16 de Septiembre.

De igual manera, se hizo cargo de la rehabilitación de dos canchas deportivas, de la ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Metepec en la primera sección, de la edificación de una aula adosada tipo “Capce regional C” en la escuela primaria Cuauhtémoc. Así como un aula regional y sanitarios en el jardín de niños Nueva Creación.

En mayo de 2013 la firma se hizo cargo de la construcción del mercado "Chiconahui" en el municipio de Chignahuapan, con una inversión privada de 35 millones de pesos. El inmueble cuenta con 167 locales comerciales que se pusieron a la venta con un costo de 150 mil pesos si se liquidaba de inmediato o con una carga del seis por ciento si se pagaba a lo largo de 12 meses.

Por su parte, Ernesto García Escamilla, fungió como encargado del Organismo Operador de la Feria de las Manzanas -instancia ya extinta- entre 2009 y 2011, cuyas cuentas públicas fueron aprobadas por el Congreso local sin registrarse algún voto en contra.