Coronango, Pue.- Yair Portugal López, ex tesorero de Coronango, quien fingió el robo de 1.2 millones de pesos destinados para el pago de la nómina municipal en septiembre del 2013, ganó un amparo para no reintegrarlos a la comuna, confirmó la alcaldesa, Hermelinda Macoto Chapuli. 

Dijo que desde el inicio del proceso legal para recuperar el dinero público, las autoridades municipales comprobaron documentalmente que los recursos salieron de una cuenta institucional, sin embargo en el proceso se han admitido otras pruebas en detrimento del gobierno local.

“Nos pidieron que comprobáramos que efectivamente era recurso proveniente del municipio, se demostró ante el banco y los cheques que ese dinero había salido del municipio, pero no hace mucho en vez de que (Yair Portugal) promoviera alguna reducción de su sentencia o alguna situación así, se fue al amparo para recuperar ese recurso, entonces seguimos litigando el tema”, explicó.

El 12 de septiembre del 2013, Portugal López denunció ante el ministerio público que había retirado de una sucursal bancaria en la colonia La Paz, la cantidad de 1 millón 257 mil 900 pesos, misma que le fue robada de su camioneta en Plaza San Diego.

Durante sus declaraciones cayó en errores y ofreció 20 mil pesos a los agentes para que lo dejaran en libertad, no obstante fue detenido.

Posteriormente, en un cateo a su domicilio fueron hallados un millón 850 mil pesos.

El ex tesorero fue acusado de robo, cohecho y falsedad de declaraciones a pesar de argumentó que el dinero era producto de una herencia.

El caso del ex edil

En el caso de las investigaciones contra el ex edil Efraín Titla Galicia, la presidenta municipal refirió que en la sesión pasada del Congreso se retomó el tema y se habría informado que se liberará  en breve la orden de aprehensión por el presunto daño patrimonial cometido contra el municipio en un estimado de 45 millones de pesos.

Recordó que desde su llegada, la nueva administración documentó los faltantes así como los manejos irregulares y se envió el expediente a las Auditorías estatal y federal para que investigaran y emitieran un resolutivo, de modo que se mantienen a la espera.