Huauchinango, Pue.- En una decisión calificada como “absurda” el juez penal de Huauchinango, Helmo Mayoral Bello, ordenó al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tener en custodia a un hombre de 25 años, señalado como presunto responsable del delito de violación, infracción que habría cometido cuando era menor de edad.

La medida fue calificada como “absurda” por el abogado Jorge Fuentes, pues aunque podría responder a la carencia en la región de un lugar especial en el que puedan permanecer detenidos los menores infractores, éste ya no es el caso, pues la persona bajo custodia, cumplió con creces la mayoría de edad.

Mediante el oficio 1108 firmado por el juez Mayoral Bello, se entregó al DIF de Huauchinango la “guarda y custodia” de una persona llamada Carlos, de 25 años, a quien se le sigue el proceso 31/2008 por el delito de violación cometido contra una menor de edad, cuando él tenía la misma condición cronológica.

Para el abogado Fuentes, además de absurda, la decisión es arbitraria, debido a que el juez penal “ni siquiera investigó si en el DIF hay condiciones para tener ahí a un detenido, bajo cargos graves. Más, cuando esa institución municipal, por su naturaleza, tiene menores en resguardo”.

La decisión judicial, dijo, llama la atención. “El juez debió ponerlo en libertad, dictar auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso en libertad, pero no entregarlo en custodia al DIF, que no tiene un lugar adecuado para mantener a una persona en estas condiciones, pues el detenido ni es menor de edad, ni es jurídicamente incapaz”.

O quizá, consideró Fuentes, la orden judicial responda al hecho de que en la región no hay un lugar especial para que los menores infractores puedan cumplir una sanción corporal privativa de la libertad. “Pero esto tampoco tiene explicación legal, pues Carlos fue detenido teniendo ya 25 años, aunque cuando presuntamente cometió el delito, era menor de edad”.

En tanto Carlos permanece en las instalaciones del DIF de Huauchinango, mientras su familia exige que se le dé derecho a visitarlo, a llevarle comida y vigila que no sea trasladado a los separos de la Comandancia de la Policía, pues “se estarían violando sus derechos humanos y se cometería abuso de autoridad”.