Huauchinango, Pue.- La diputada federal por Huauchinango, Guadalupe Vargas Vargas, propuso una modificación al artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, respecto de los pequeños generadores de residuos peligrosos que provoquen corrosión, reactividad, explosividad toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos.

Lo anterior, explicó, con el objetivo de obligar a los generadores de este tipo de residuos a presentar un plan y un informe anual sobre su generación y las modalidades de manejo de envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados.

Entre los residuos considerados como peligrosos se encuentran los metales pesados, los desechos de tintas y solventes, los desechos de pintura, las baterías plomo/ácido usadas. También se consideran así a los residuos hospitalarios como los materiales de curación que contienen microbios o gérmenes, cultivos de microbios usados con fines de investigación y objetos punzocortantes (incluyendo agujas de jeringas, material de vidrio roto y otros objetos contaminados).

La reforma propuesta pretende subsanar una imprecisión legal sobre el requisito que tanto la ley como el reglamento contemplan, pero que no se ejecutan, es decir se carece de un mecanismo adecuado para hacer cumplir esta norma, añadió, debido a que el pequeño generador desconoce la forma de cumplir sus obligaciones, se hace acreedor a sanciones y o lo más preocupante, ocasiona peligros, daños y riesgos a la salud y al medio ambiente.

Pero la omisión también afecta la actuación de la autoridad pues desconoce su responsabilidad de controlar los residuos peligrosos generando políticas públicas que no se apegan a la realidad, explicó Guadalupe Vargas.

Por otra parte, se carece de datos certeros de la generación de residuos peligrosos en México por parte de pequeños generadores, laguna que favorece que se produzcan daños de salud pública y ambientales.

El obligar a los pequeños generadores de residuos peligrosos a tener un plan de manejo y a presentar un informe anual sobre la generación y modalidades de manejo de dichos residuos, propiciará que la autoridad tenga un mejor control de los mismos y se podrá cumplir de manera adecuada con el artículo 4 constitucional que establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley”, detalló la legisladora federal.