Tepango de Rodríguez, Pue.- Bajo acusaciones de desvío y uso indebido de recursos públicos, nepotismo y abuso de autoridad, pobladores y la mayoría de los regidores que componen el cabildo de Tepango de Rodríguez exigieron la destitución del alcalde Vicente Lucía Morales, por lo que cerraron la sede del poder municipal hasta que haya una solución a su demanda.

Desde el lunes 23 de febrero, unos 300 indígenas totonakus de la comunidad de Caltuchoco y habitantes de la cabecera tomaron el Palacio Municipal de esta demarcación ubicada en la sierra norte de la entidad, para demandar el cese del edil Vicente Lucía. Hasta el cierre de esta edición, el inmueble se encontraba en sus manos, aunque permitieron que se reanudaran las actividades del Registro Civil y de la Comandancia.

Vicente Lucía fue responsabilizado de “inflar el costo de algunas obras, de pagar la despensa de su familia con dinero del erario, de tener a sus hijos, sobrinos y nuera en la nómina municipal y de abusar de su poder desconociendo los acuerdos del cabildo, además de destituir a aquellos funcionarios que se han negado a ser sus cómplices.”

Los manifestantes exigieron la presencia del edil, pero hasta este momento no les ha dado la cara y sólo pudieron exponer la problemática que viven ante el Lino Romero, un funcionario de la Secretaría General de Gobierno (SGG) que se presentó cerca de las 19:00 horas del mismo lunes y formó una comisión de ciudadanos con la que dijo se va a “entender” y a quienes ofreció dar pronta solución a su demanda.

De acuerdo con versiones dadas a conocer por el síndico municipal Reynaldo Hernández Mora, además de él otros seis regidores han pedido la destitución del edil debido a que ha hecho uso indebido de los recursos públicos al pagar, entre otras cosas, la despensa de su casa con dinero del erario.

“Son facturas de compras hechas en el Distrito Federal que incluyen el pago de alimento para perros, papel higiénico, pasta dental, entre otras cosas”, mencionó.

Mientras que algunos de los inconformes precisaron que entre las irregularidades detectadas está el precio excesivo de las obras de construcción de dos drenajes, uno en el barrio La Cruz y otro en la escuela primaria “Mártires de la Enseñanza” ambos en la cabecera municipal, por un monto de 4 millones de pesos. Así como el pago por la pintura de una escuela y la clínica. “Pero hay más”, dijeron.

Señalaron que en octubre pasado el alcalde de extracción priista pretendió acreditar el pago de obra pública con “facturas infladas”, que quería que fueran avaladas por la entonces directora de Obras Públicas Brenda Evelyn Hernández Velázquez, pero como la funcionaria se negó a hacerlo, la despidió.

Recientemente, el pasado 21 de enero, Vicente Lucía Morales destituyó al contralor Israel González Reyes y al tesorero Sergio Galindo Rodríguez, quienes también se negaron a ser sus “cómplices en el mal uso de los recursos y trajo a personas de la Ciudad de México para sustituirlos. Es gente que sólo él conoce”.

“Durante el informe del gobierno realizado el pasado 13 de febrero, por mayoría, los miembros del cabildo decidimos ratificar en sus cargos a los funcionarios que el alcalde corrió. Para ello, ante el público, elaboramos un acta extraordinaria de la sesión, pero el presidente se negó a firmarla. Aunque todos los demás sí lo hicimos”, explicó el síndico Hernández Mora, por lo que consideran que está abusando de su autoridad.

También, aseguró, ha cometido actos de nepotismo al tener en la nómina del municipio a sus tres hijos: Vicente, Luis Alberto y César Lucía Barragán, Además de que sin acuerdo del cabildo designó a su sobrina Rosalía Barragán Martínez como secretaria General del Ayuntamiento.

Mientras que su nuera, Rosalía Orozco es la coordinadora del Sistema Municipal DIF, y su sobrino Álvaro Cabrera Ramírez, es el director de Centro Integral de Servicios de este lugar.

Entrevistados por separado, pobladores que son miembros de la comisión que vigila el Palacio Municipal, indicaron que esperarán un tiempo prudente “esta semana” para conocer la respuesta de las autoridades estatales a su demanda de “revocación del mandato al presidente. Pero si no nos hacen caso, vamos a cerrar la carretera Interserrana”, amagaron.