Aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla ocultó a la opinión pública los nombres de los 426 efectivos que participaron en el enfrentamiento del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, tuvo que reportarlos con nombre, cargo y número de agente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que los incluyó en el informe completo que derivó en la recomendación por violaciones graves 2VG/2014.

En el expediente de más de 19 mil fojas se reporta que un total de 426 efectivos, de ellos 392 escuderos, 20 escopeteros y 14 granaderos, cinco mandos –incluidos en ese número global–, desde el coordinador de despliegue territorial hasta un inspector, conformaron la multitud de agentes de la SSP que participaron en el enfrentamiento en el que se lesionó a un menor de 13 años y que murió diez días después.

Tomando en cuenta que la cifra de manifestantes fue de entre 300 y 400, los efectivos de la Policía Estatal Preventiva los superaron en número esa tarde del miércoles 9 de julio en el la autopista Puebla-Atlixco.

Los señalados como responsables

Al presentar la recomendación 2VG/2014 el pasado 11 de septiembre, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva informó que la CNDH pudo determinar que fue un “proyectil de largo alcance irritante calibre 37/38 mm CS o CN”, el que hirió de muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

El órgano autónomo determinó que el proyectil tuvo que haber sido disparado por uno de los 14 granaderos o 20 escopeteros que “portaban armamento no letal”; entre ellos está el asesino de José Luis Alberto, aseguró Plascencia, quien está por dejar la titularidad de la CNDH este próximo 15 de noviembre.

Aquella ocasión, al presentar la recomendación por las violaciones graves a los derechos humanos de los manifestantes de esa junta auxiliar, demandó al gobernador poblano Rafael Moreno Valle el cumplimiento de 11 puntos que hasta al momento sólo han tenido “parcialmente” atención.

Los nombres de los mandos, en un primer momento, y del resto de los efectivos, desde siempre, permanecieron en la oscuridad, pero la CNDH los integró en el informe al que e-consulta tuvo acceso, a partir de los documentos que entregó el propio gobierno del estado.

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Los partes policiacos

En los documentos compilados está el “parte informativo” que el inspector Óscar López Sánchez -uno de los mandos que participó- dirigió a Wilibaldo Ramón Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales y cabeza del desalojo de Chalchihuapan, en el que describe que luego de solicitar en dos ocasiones a los manifestantes que abrieran la vialidad, dio un ultimátum de apenas cinco minutos; luego iniciaron las hostilidades.

En la narración se detalla desde la salida de López de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, un llamado a concentrarse a una marcha en San Miguel Canoa a la que daba “seguimiento”, hasta su llegada a Chalchihuapan y el arranque de la reyerta.

“… arribando al punto a las 13:30 horas, percatándome que la vialidad se encontraba obstruida por un grupo de gente inconforme las cuales (sic) habían colocado piedras y palos en esta, y que mostraban unas mantas en las cuales exigían la restitución de los Registros Civiles en sus juntas auxiliares, por lo que el Coordinador inició diálogo con los manifestantes, invitándolos a formar una comisión para que fueran atendidos por la Secretaría de Gobernación (sic) y atendieran sus demandas, culminándolos (sic) a abrir la vialidad…

“A las 13:55, se les culminó (sic) nuevamente a que desistieran del bloqueo de dicha vialidad dándoles un ultimátum de 5 minutos para dejarla por lo que las personas tomaron una actitud bastante agresiva, empezando a tomar los palos y piedras amenazando que no se retirarían del lugar, por lo que se procedió a desbloquear la vialidad…”, plasma López Sánchez su versión en el parte.

Con este documento, la SSP entregó a la CNDH el listado completo de los efectivos y de los mandos, quienes fueron Yair Bibiano Sánchez, coordinador de Despliegue Territorial; Wilibaldo Ramón Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales; Marco Antonio Estrada López, inspector jefe; inspector Guillermo Palma Salazar, subdirector de Operaciones, y Oscar López Sánchez, inspector.

En las distintas declaraciones de mandos y policías que participaron en el operativo de desalojo en Chalchihuapan, calificado por la SSP como de “restablecimiento del orden público”, hay contradicciones respecto del número de manifestantes, pues mientras en la mayoría de los casos se describe a una multitud conformada por entre 300 y 400 personas, en el parte que entregó Wilibaldo Ramón Díaz Castillo, cabeza del operativo, dice que eran entre 400 y 500.

Para efectos de su investigación, informe y la recomendación 2VG/2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró como buena la cifra de entre 300 y 400 –tal y como está plasmado en el documento final a disposición en Internet–, con la que se concluye que los policías superaban en número a los manifestantes.

Los lesionados

La SSP de Puebla también entregó al organismo autónomo la lista de los 48 agentes lesionados ese aciago 9 de julio de 2014, quienes sufrieron desde policontusiones, esguinces cervicales, neumonitis (inflamación pulmonar) por químicos (gas lacrimógeno), uno de ellos fractura en la mano izquierda, otro más fractura en el tabique nasal, trauma acústico, hasta un agente del que se reportó “golpe en glúteo derecho”.

Todos los documentos están contenidos en el informe completo de la CNDH y llevan el sello del organismo autónomo.