Huauchinango, Pue.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigaría los conflictos sociales generados en el estado de Puebla y el resto del país, por la violación permanente de los derechos de los pueblos indígenas que luchan por la defensa de su territorio y su patrimonio biocultural, tras una petición de varias organizaciones sociales.

Ante la lesión permanente de los derechos humanos de los grupos étnicos y la destrucción de su patrimonio biocultural con los llamados “proyectos de muerte” por parte del Estado mexicano, organizaciones indígenas y ambientalistas, solicitaron el pasado 30 de Octubre a la CIDH su intervención y la indagación “en sitio” de los hechos denunciados.

La Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske de Cuetzalan, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Derecho Ambiental (LaVida) y la tribu Yaqui, entre otras, documentaron la existencia de al menos 33 conflictos sociales “recientes e importantes” generados por la afectación del derecho de los pueblos,  por la falta de consulta a los habitantes de los territorios concesionados a las grandes corporaciones tanto nacionales, como extranjeras.

Por ello pidieron al organismo de justicia interamericano, realice una investigación “en sitio” sobre las afectaciones sufridas por las comunidades ante la imposición de proyectos extractivos minerales y energéticos, y el surgimiento de movimientos de defensa territorial de su patrimonio biocultural.

Varios de estos movimientos sociales –sin resolver, se apuntó-, tienen lugar en el estado de Puebla: el que se desarrolla contra el uso del maíz transgénico; la resistencia y oposición de los pobladores de Olintla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Zautla, Ixtacamaxtitlán y Tetela en contra de las hidroeléctricas y la minería; y el movimiento de rechazo a la instalación del gasoducto Morelos ubicado en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

A la petición, se acompañó un informe –cuya copia fue entregada a este medio de comunicación-, en el que se detalla la “existencia de un patrón sistemático de lesión” a los derechos de los pueblos, sobre todo por la falta de consulta a los habitantes de los territorios concesionados y su impacto en las comunidades.

“En el Estado mexicano no se consulta previa y suficientemente, a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, las medidas legislativas y administrativas… ni se han generado los espacios que permitan la participación de los pueblos en la toma de decisiones”, se aseguró, por lo que solicitaron se le reclame información sobre estos mecanismos y su criterio para evaluar la sostenibilidad ambiental de los proyectos, sobre todo después de la Reforma Energética.

Además se pidió a la CIDH recomendar al Estado mexicano que reforme las instituciones, leyes y programas públicos como el municipio libre, el régimen de protección del maíz, el sistema de expedición de concesiones de agua y mineras, reconociendo las figuras de los territorios indígenas y zonas libres de minas e hidroeléctricas.