Huauchinango, Pue.- Mil pesos por usuario cobrará el bufete jurídico recomendado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Huauchinango para tramitar amparos contra los cortes de energía eléctrica que intenta hacer la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El precio incluye también una demanda por daños y perjuicios a la ex paraestatal.

Será un despacho particular de abogados  el que realizará los trámites de los 50 empresarios que hasta el momento han acudido a solicitar a la Canaco que se inicien demandas de Amparo, pago de daños y perjuicios, daño moral por actos de la CFE que pretende cortarles el suministro de electricidad, informó el presidente del comercio organizado Eduardo Ibarra Vargas.

Lo anterior para cumplir el acuerdo logrado en una reunión de comerciantes realizada a mediados de octubre en la que manifestaron que desde hace cinco años, cuando se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con quien tenían contratos, el servicio ha sido deficiente y nunca les han llegado los recibos para el cobro.

El dirigente de los comerciantes huauchinanguenses indicó que las gestiones tendrán un costo de mil pesos por usuario y aunque fue la Cámara la que eligió el bufete jurídico “no se llevará ninguna comisión al respecto, incluso los recibos por el pago de los trámites se les darán a los empresarios por parte de los abogados”.

Debido a que los procedimientos legales serán contra la Comisión Federal de Electricidad, a pregunta expresa, Ibarra Vargas negó que haya un conflicto de intereses entre el bufete de la abogada Teresa Castelán Bonilla, que fue el elegido por la Canaco, y el hecho de que un hermano de la profesionista –Jaime-, trabaje para el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del gobierno federal, quien ha acudido a esta región para rematar el patrimonio que administraba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresa que abastecía de energía eléctrica a Huauchinango, hasta su extinción en octubre de 2009.

Las demandas, dijo Ibarra Vargas, serán interpuestas por la vía del despacho jurídico y tendrán un costo de mil pesos por empresario y se incluirán los tres aspectos: “daños y perjuicios, daño moral y amparo”, además aseguró que los comerciantes tendrán un ahorro considerable, pues tan sólo un Amparo tiene un costo de “entre los ocho y los 15 mil pesos”.

Señaló que el bufete, con sus dos abogados Teresa Castelán y Javier Alderete, desarrollarán un trabajo profesional y realizarán su labor social con los empresarios.

La medida, según dijo Ibarra Vargas, ha sido una forma de inhibir las acciones que la CFE lleva a cabo en otros pueblos con el mismo problema suscitado desde hace cinco años, a los que ha ingresado a cortar el suministro de energía eléctrica por la falta de pago.

A la deriva

En el decreto de extinción de LyF no se estableció con claridad qué sucedería con los servicios que prestaba, qué pasaría con los usuarios, por lo que el suministro de energía eléctrica, la venta, facturación, mantenimiento y atención de los habitantes de los municipios de Juan Galindo, Huauchinango y Ahuazotepec quedó “a la buena de Dios”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha negado a otorgar contratos a los usuarios para regularizar el servicio de energía eléctrica y a abrir una oficina de atención a clientes en estas demarcaciones, refirió la Canaco.