La Casa de los Derechos de Periodistas alertó sobre la violencia contra periodistas en el estado, al presentar un recuento de algunas de las agresiones desde que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas asumió el cargo, y llamó a los integrantes de la actual legislatura a dar garantías de seguridad a los comunicadores poblanos.

Claudia Martínez, enlace de la organización en Puebla, urgió a diputados a “voltear a ver la impunidad de la que son víctimas los reporteros en las regiones”, además exhortarlos para legislar políticas públicas de protección e incorporar el secreto profesional de los periodistas como un derecho que no solo atañe al gremio, sino al derecho a saber de la ciudadanía y el reconocimiento de la tarea informativa.

Calificó de “muy grave” que cada vez más periodistas sean llamados a testificar en casos del crimen organizado, o de lo contrario, ser señalados dentro del proceso judicial.

La representante de La Casa de los Derechos de Periodistas aseguró que luego de la denuncia de los hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR), el organismo estableció como “inaplazable” una jornada de talleres a periodistas y autoridades estatales y municipales para difundir el derecho la libertad de expresión y la práctica periodística.

“Esta administración tiene una animadversión contra los comunicadores y a pesar de que han existido audiencias de la Casa del Periodista con el poder Ejecutivo en Casa Puebla, no ha habido la intención de apoyar el tema”, acusó Martínez.

Aseguró que en particular este gobierno se ha caracterizado por las violaciones a la libertad de expresión, no solo con lesiones a las garantías individuales de quienes ejercen el periodismo y de prácticas de cercos informativos o censura sutil que parte de grandes convenios económicos con algunos medios de comunicación, sino con la reserva de información pública agudizándose en las regiones, donde los reporteros no pueden acercarse a las presidencias municipales ni cubrir periodísticamente actos públicos sin sufrir agresiones.

“Hay cada vez más focos rojos en el estado, los agresores son cada vez más violentos, esto gracias al mensaje de impunidad que reciben de parte del gobierno estatal”, señaló.

La defensora de la libertad de expresión reconoció que la resistencia para apoyar al gremio periodístico no ha sido únicamente parte de esta administración, en los esfuerzos con la anterior; se dijo particularmente decepcionada de la ex legisladora y comisionada de la Comisión de Acceso a la Información Pública y datos Personales (CAIP), Josefina Buxade, ícono –dijo- de la incongruencia de la defensa en la libertad de prensa y prácticas de transparencia.

Casos de alarma

La representación en el estado de La Casa del Periodista reveló que la reciente reforma conocida como La Ley Bala no solamente tuvo como resultado el asesinato de un menor en Chalchihuapan, sino que también dejó como saldo una decena de periodistas hostigados y amenazados por las autoridades municipales.

Uno de los escenarios en los expedientes de la organización se registró en San Martín Texmelucan, donde un trabajador de un conocido medio de comunicación fue interceptado en su vehículo, golpeado y luego amenazado por una nota sobre la nueva legislación. “Te vamos a enseñar a hablar bien del presidente, por la buena o por la mala”, le advirtieron.

En Tehuacán también existieron amenazas de muerte, de golpizas o incluso advertencias del retiro de convenios publicitarios con redacciones que informaran del operativo que dispersó a los manifestantes en esa ciudad y de las personas detenidas por participar en las protestas.

Solamente este año la Casa de los Derechos de Periodistas ha documentado más 25 casos de agravios graves contra periodistas de parte de funcionarios públicos y de diferentes corporaciones policiacas en el estado, esto sin tomar en cuenta las demandas interpuestas en contra de comunicadores cuyos pleitos civiles en juzgados se iniciaron de parte de autoridades.

Atraerá la Feadle caso de Ajalpan

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión atrajo el caso del periodista Jesús Valencia en Ajalpan, por los agravios de la policía municipal que además de golpearlo lo obligó a hincarse frente a autoridades judiciales para explicar la foto que tomó a una agente de tránsito en la vía pública, recibiendo dinero de un conductor multado.

La Casa de los Derechos de Periodistas en Puebla organiza talleres que impartirá la Feadle en el estado. El próximo 16 de octubre se llevará a cabo en Tehuacán, el 17 en Teziutlán y el 18 en la Ciudad de Puebla.

En las jornadas se revisarán entre otros temas, los protocolos de reacción a los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.