Huejotzingo, Pue.- La ampliación del gasoducto a cargo de la empresa Integrated Gas Services de México (IGASAMEX) en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, en Huejotzingo, podría genera un conflicto por las graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población, debido a que afectará la propiedad privada y ejidos de 40 familias, advirtieron los dueños.

La obra pretende hacer pasar por la misma línea de transportación el doble del combustible para alimentar a corredores industriales y generar energía eléctrica, aunque para ello no se realizará un contrato distinto al que hace 14 años firmaron los pobladores.

“En el año 2000, la empresa IGASAMEX, con engaños, arrebató a 40 familias la autorización para un contrato vitalicio con la finalidad de tender una red de tubería de gas de 4 pulgadas de diámetro por 5 kilómetros de longitud; la mayor parte de los pagos oscilaron alrededor de 10 mil pesos, pero en muchos casos ni siquiera les pagaron a los dueños”, denunció Sergio Juárez Martínez, representante de la Asamblea de Afectados por el Gasoducto.

Aunque los propietarios denunciaron al Ayuntamiento de Huejotzingo los abusos de la empresa, el pasado viernes 12 de septiembre, el edil Carlos Alberto Morales, y Pablo Solares director de Protección Civil, citaron a los representantes de la asamblea en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTP) para presionarlos a aceptar la cantidad que les ofrece IGASAMEX, pues de lo contrario se trazaría una nueva ruta por culpa de ellos.

Los afectados pidieron un nuevo contrato (clausula estipulada en el original), pero la firma se negó tras hacerles saber que sólo podrá pagar 2 mil pesos por metro lineal, lo cual equivale, tomando en consideración 14 años, a 39 centavos por día.

“Tenemos conocimiento que por ese gasoducto pasan diariamente más de 3 millones de litros de gas diarios, lo cual representa una cantidad exorbitante de dinero que va a parar a manos de unos cuantos empresarios; mientras los terrenos por donde pasa el gasoducto, en algunos casos han sido afectados en su totalidad dado que los atraviesa por la mitad; hoy esos terrenos solo pueden ser sembrados”, explicó Hugo César Caliefo, uno de los propietarios.

Ejidatarios señalaron que IGASAMEX también comenzó una campaña negra contra los dueños de los predios, acusándolos de oponerse a los trabajos, lo que crea incertidumbre entre sus vecinos.

“Dicen que nos oponemos a que hagan otros ramales; señalamientos, son calumnias que negamos categóricamente, lo que si es cierto es que la empresa IGASAMEX BAJÍO desde hace 10 meses mandó a sus trabajadores a proponernos una serie de cantidades que son una burla; en últimas fechas de manera irrespetuosa han cancelado reuniones negándose al diálogo”, acusaron

Señalaron que la intriga es con el objetivo de generar un conflicto entre comunidades, para pasar el tendido al precio que decidan.

En la Gaceta Municipal del 25 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( SEMARNAT) publicó que el proyecto de IGASAMEX fue rechazado, no obstante el pasado 12 de agosto emitió una nueva edición en la que informa de una nueva entrada al proyecto, aunque se desconoce la resolución.

Afectados hicieron responsable a Carlos A. Arriola Jiménez,  director general de IGASAMEX, y al estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, por la integridad física, psicológica y patrimonial de las familias que viven en la zona.

Los ejidatarios no dudan de que se realicen despojos o se utilicen corporaciones oficiales para que, en el mejor de los casos, acepten la imposición del precio de IGASAMEX .

“En caso de que la empresa IGASAMEX no respete los acuerdos de nuestra asamblea de afectados, estaremos comenzando un proceso organizativo con el objetivo de que la empresa se lleve su tubería, previa indemnización por 14 años de afectación, exigimos a la SEMARNAT niegue la autorización del proyecto de IGASAMEX por ser una empresa cuyas ganancias están sostenidas con engaño, abuso y fraude”, finalizaron.