Con 20 detenidos, Puebla se coloca entre los nueve estados del país con mayor número de personas migrantes vinculadas a procesos penales a los que podrían estarse violando sus derechos humanos, con la imputación falsa de delitos, establece el informe “La incriminación de migrantes en México. Otro destino trágico”, elaborado por el Centro Miguel Agustín Pro y el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

Según el documento presentado este miércoles, superan a la entidad por el número de migrantes encarcelados, los estados fronterizos de Chiapas con 525, Tamaulipas con 86, Quintana Roo con 41, Nuevo León con 40, Sonora con 34, Baja California con 24; y del centro del país el Distrito Federal con 38, el Estado de México con 26.

En el reporte realizado a partir de la necesidad de visibilizar y documentar esta otra forma de “transgresión” de los derechos de los migrantes, se establece que el 100 por ciento de los detenidos en penales poblanos es de origen centroamericano: 11 guatemaltecos, cinco hondureños y cuatro salvadoreños.

Diez de ellos, el 50 por ciento, fueron acusados de robo, tres por tráfico de armas, tres por delitos sexuales, dos por delitos de carácter migratorio y uno por delitos contra la salud. Todos son de sexo masculino y su rango de edad va de los 18 a los 50 años, aunque la mayoría tiene entre 26 y 30 años.

De estas 20 personas migrantes encarceladas en Puebla, 11 siguen sujetos a proceso y nueve ya fueron sentenciados, de acuerdo con la información entregada al Centro Prodh y a la Universidad Iberoamericana por las autoridades de la entidad en junio de 2013.

Para los organismos el fenómeno de imputación de delitos falsos contra personas migrantes se hizo evidente a través del caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, hondureño de la etnia garífuna, de 38 años de edad, quien fue privado de su libertad en marzo de 2009 y continúa en la cárcel “acusado falsamente de haber cometido diversos delitos federales, incluyendo delincuencia organizada y contra la salud”.

El reporte dado a conocer en la ciudad de México fue definido como un intento de acercarse al encarcelamiento de migrantes centroamericanos tanto en penales federales como estatales y vislumbrar las dimensiones del fenómeno a partir de la información oficial.

En el documento se hace notar que cinco de las 32 entidades federativas del país: Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, declararon a la información como reservada y por esta razón no la proporcionaron.