San Andrés Cholula, Pue.- Activistas, Políticos y ciudadanos afectados por las reformas y los megaproyectos en Puebla se reunieron este martes en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, donde acusaron que los gobiernos están violando los derechos humanos e informaron sobre las acciones implementadas en los últimos meses.

El foro titulado “Puebla en defensa de los derechos humanos” que fue organizado por la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip), tuvo la participación de la diputada federal Loretta Ortiz Ahlf del Partido del Trabajo (PT), la diputada federal Roxana Luna Porquillo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el académico Pedro Pablo Sagro, de origen español.

A este evento se sumó la panista Ana Teresa Aranda, miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como integrantes de diversos partidos políticos.

En relación a las expropiaciones de terrenos para proyectos, la diputada petista señaló que “en el caso de las comunidades indígenas no pueden ser expropiados ya que hay una base de sus derechos en tratados internacionales y hasta en la propia Constitución”.

Por ello acusó que “se están violando los derechos a la propiedad privada… Las expropiaciones deben ser de utilidad pública y nunca por una acción administrativa”.

Por su parte Roxana Luna Porquillo relató la detención de los más de 30 “presos políticos” en el estado y habló de los casos de los activistas en contra del gasoducto, de los moto taxistas y, de lo que calificó como el caso más grave, la detención de 4 personas de San Bernardino Chalchihuapan, quienes “ya han sido puestos en libertad por no poder demostrarles todos los cargos que se les imputaba”.

La legisladora perredista señaló que junto con otros diputados han puesto puntos de acuerdo y quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos pero que el gobierno estatal se ha mostrado omiso ante tales acciones.

El académico Pedro Pablo Sagro invitó a la comunidad presente a reflexionar sobre el poder de la sociedad para organizarse y exigir el cumplimiento de sus libertades:

“Los derechos humanos y la democracia no nos los van a regalar. Si hay algún partido político que dice que va a regalar la democracia desconfíen, no lo va a hacer. Los partidos no regalan, los poderes públicos no regalan nada, si algún poder público o algún partido político regala algo es que nos están engañando, porque los partidos políticos, la organización democrática la hacemos nosotros, los representantes en el parlamento los ayuntamientos son servidores públicos y no al revés”.

Cuestionan papel de Bartlett y resultado de marchas

Explicó que existía una relación ente las expropiaciones y la reforma energética porque de esta forma el estado podía hacerse de lugares o tierras donde identificaran posibles yacimientos para el petróleo.

Ante las opiniones encontradas de asistentes que se dijeron decepcionados con todos los partidos políticos y la intromisión de la derecha en la izquierda, Loretta Ortiz afirmó que jamás ha recibido un peso por las reformas aprobadas por el Pacto por México y que ella votó en contra de todas las reformas tanto laboral, educativa, de comunicaciones y hasta la energética.

Uno de los presentes que pidió apoyo para recibir asesoría sobre la expropiación de sus tierras en San Andrés Cholula, cuestionó a la diputada federal Loretta Ortiz sobre el papel que ahora desempeña el senador Manuel Bartlett, ex gobernador de Puebla, ya que durante su periodo como gobernador  expropió tierras de la Angelopolis, afectando pricipalmente a vecinos de Tlaxcalancingo, sin embargo, ahora se dice defensor de las causas.

Aunque la diputada federal no dio respuesta a los señalamientos, se limitó a decir que Manuel Bartlett ha estado apoyando sobre todo con lo de la reforma energética.

Finalmente, uno de los asistentes interrogó sobre el real funcionamiento de las marchas, ya que el Estado controla todo hasta la Comisión de Derechos Humanos y que “se hacen marchas y marchas y no pasa nada”. Loretta Ortiz respondió “que se logró la derogación de la ley bala con las marchas” aunque agregó “que no había otra manera porque era el único recurso pacífico y legal que existe en México, la ley de participación ciudadana ya que se carece de un plebiscito en el país”, concluyendo su contestación.