Tehuacán, Pue.- De los 13 presuntos fraudes que se cometieron en el recién concluido ciclo escolar por parte de los comités de padre de familia, sólo tres terminaron en el Ministerio Público de Tehuacán, sin embargo, en ninguno de los casos hubo sanción por parte de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Con la propuesta que recientemente presentó la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, para modificar el Código Penal de Puebla para fincar las sanciones correspondientes a quienes cometan fraude a través de las diversas asociaciones civiles y comités de padres de familia, se pretende sancionar a quien abuse del dinero de los padres de familia, en el caso de Tehuacán con los casos registrados el monto económico asciende a unos 4 millones de pesos.

Al respecto, González Cervantes dijo que las estadísticas sustentan que las fundaciones, asociaciones civiles, comités de padres de familia en escuelas o cualquier otro tipo de sociedad legalmente constituida suelen cometer fraudes a los poblanos a través de apoyos económicos que solicitan para cierta causa.

La reforma pretende -dijo- terminar con las anomalías que cometen los comités de padres de familia, al pedir cierta cantidad de dinero a través de los alumnos para aplicarlos en alguna actividad, que al final del día resulta un fraude para quienes dieron la aportación.

Reiteró que en Tehuacán tiene el reporte de que al menos 13 escuelas cometieron un fraude a los padres de familia entre los 250 mil pesos y un millón de pesos, de los cuales en suma total la cifra se eleva a unos 4 millones de pesos.

Agregó que es fundamental penalizar a las asociaciones civiles, a los comités de padres de familia que cometan en agravio de los diferentes miembros de las escuelas y asociaciones civiles a través de los recursos que se solicitan a los poblanos para aplicarlos supuestamente a mejoras de las instituciones educativas.

Añadió que es importante el apoyo de los diputados, para lograr que antes de concluir el segundo periodo de sesiones del Congreso del Estado -31 de julio- se dictamine esta reforma al Código Penal.

Por su parte, la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) desde el 2011 ha investigado diverso casos de fraudes en escuelas de la ciudad y región, sin embargo, dentro de las verificaciones se ha detectado que las cuotas escolares son utilizadas para solventar la nómina de los docentes, y ya se analizan sanciones administrativas.

Para la AEPF no es un tema nuevo pues desde ciclos anteriores se han acumulado quejas debido a que los padres de familias son los que pagan los salarios de profesores, sobre todo aquellos que dan clases de inglés, educación física o en todo caso para cubrir la falta de docentes.

Entre las instituciones que ha sido investigadas y señaladas por los tutores, se encuentra la secundaria Jorge L. Tamayo.