La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla informó  que un grupo de nueve personas provenientes de los municipios de Santa Isabel Cholula y Atlixco, acompañados por Alejandro Berinstain Flores, perteneciente a la organización Congreso Progresista de Puebla, se presentaron en las oficinas de la CDH a fin de tratar diversos temas.

En relación al fallecimiento del C. Delfino Flores Melga, manifestaron su desacuerdo por haberlo mantenido en prisión, toda vez que por su edad y padecimiento, él pudo haber compurgado su pena en un lugar distinto al Centro de Reinserción Social de Puebla.

En respuesta el primer visitador General de la CDH, Omar Martínez Báez, refirió que en cuanto al egreso de una persona de un Centro de Reinserción Social, conforme al artículo 96 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado, sólo podrá ser por resolución judicial.

Por lo tanto, la autorización de egresar del centro penitenciario y permanecer en un lugar diferente, le compete a la autoridad judicial que conoció de la causa penal que se le instruía a Delfino Flores Melga; es decir, al juez Primero de lo Penal y no a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ya que ésta carece de competencia para conocer de actos del Poder Judicial del Estado, en términos del artículo 142 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Sin embargo, expuso que el organismo continúa la investigación de los hechos con el fin de determinar si existió alguna irregularidad por parte de la autoridad penitenciaria en la prestación de la atención médica que incidiera en la violación de los derechos humanos de Delfino Flores Melga y en su oportunidad se pronunciará al respecto.

En otro tema, los integrantes de la comitiva exigieron la inmediata liberación de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, toda vez que aseguran existen irregularidades en sus procesos; asimismo, solicitaron a la CDH Puebla realizar un análisis de las órdenes de aprehensión de los mismos, al igual que las órdenes pendientes de ejecución de cinco personas.

De igual forma manifestaron su descontento por la instalación del gasoducto en Santa Isabel Cholula, refirieron que se ha efectuado la venta de algunos ejidos, que se encuentran en riesgo, que podrían perder el agua de sus municipios.

En respuesta, el Primer Visitador General refirió que este organismo no es competente para analizar el actuar de los órganos jurisdiccionales. Además de que el expediente relativo a la instalación del gasoducto, fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por ser de interés público nacional.