Huauchinango, Pue.- Tras detallar que el 70 por ciento de las actividades mineras en América Latina están a cargo de empresas canadienses, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) las responsabilizó, junto a los gobiernos de Canadá, México, Honduras, Chile y Guatemala de provocar conflictos socio-ambientales y de vulnerar los derechos humanos de los pueblos.

Al dictar sentencia este 1 de junio, el TPP halló culpables de graves violaciones a Barrick Gold y su filial Nevada SpA, Gold Corp y su filial Entre Mares, Tahoe Resources y su filial San Rafael S.A., Blackfire Exploration y su filial Blackfire Exploration México S.A. de C.V. y Excellon Resources Inc. y su filial Excellon de México S. A. de C. V.

En la audiencia, realizada la semana pasada, se enjuició a los gobiernos de Canadá, México, Honduras, Guatemala, Chile por criminalizar la movilización de los pueblos en defensa de sus territorios y por “fallar en su deber de proteger los derechos humanos”, al entregar concesiones que han trastornado la vida de las comunidades acarreando “tensiones, desconfianza, divisiones y conflictos”.

El Tribunal que sesionó en Montreal recibió testimonios y acusaciones contra las mineras y los gobiernos por haber transgredido al derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al agua, a la salud, a la habitación, a la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente sano y protegido.

Además consideró que han violado “el derecho de los pueblos a su autodeterminación y, en consonancia con este derecho, a disponer de ellos mismos de las tierras y territorios que habitan y sus recursos.”

De igual manera, señaló el resolutivo, las empresas y los gobiernos “han violado el derecho a la participación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de dichas comunidades, lo mismo que su derecho a un desarrollo propio y al ejercicio pleno de su propia cultura y tradiciones”. 

El TPP consideró que los gobiernos de los países de destino de las inversiones de las mineras canadienses son responsables de las violaciones en que éstas incurren al emitir leyes que las favorecen y a que toleran o colaboran con sus actividades en perjuicio de las comunidades donde operan.

Además, condenó la práctica gubernamental de “criminalizar” a los líderes, activistas y movimientos sociales que realizan protestas para defender y proteger sus territorios y reivindican un ambiente sano, “además de la protección de la naturaleza, de los ecosistemas, del medio de vida, del agua, del patrimonio cultural y el derecho a decidir el tipo de desarrollo local que desean”.

Flexibles

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y la reforma a la ley de inversiones extranjeras, las empresas mineras de Canadá incrementaron su presencia en México y ahora poseen más de 70 por ciento de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de oro y plata, según datos de la Secretaría de Economía del gobierno federal.

Mientras que en Puebla hay nueve concesiones a empresas de ese origen, seis de ellas pertenecen Almaden Minerals LTD y se ubican en Ixtacamaxtitlán, Libres, Ahuazotepec y Zautla; las otras licencias fueron otorgadas a Chesapeake Gold Corp, Minaurum Gold Inc, Starcore International Mines Ltd, Goldcorp Inc. y Windstorm Resourses Inc, en tres proyectos Pórfido, La Preciosa y Cerro Dolores.