Huauchinango, Pue.- Al edil de Huauchinango, Gabriel Alvarado Lorenzo, “no le temblará la mano” para hacer cumplir la suspensión del Juzgado del Primero de Distrito en el Juicio de Amparo de la comunidad de Cuacuila contra el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, “sólo que no se la han notificado formalmente”, afirmó el secretario general Eduardo Gutiérrez Alpizar.

Luego de casi dos horas de plantón en los bajos de la Presidencia Municipal, una comisión de pobladores de la junta auxiliar indígena fue recibida por funcionarios municipales que alegaron que el ayuntamiento será respetuoso de la legalidad, que este asunto es “federal” y que no han comparecido ante la Juez de Distrito porque la administración pasada no les dejó “la documentación” al respecto.

Cerca de las 10 de la mañana los cuacuileños llegaron a la sede del poder municipal con la intención de entregar un pliego petitorio a Gabriel Alvarado. Eran cerca de 40 personas que portaban cartulinas y una lona con las consignas que desde el año pasado han repetido para manifestar su rechazo a la tubería que atravesará su comunidad transportando gas LP.

Nada más los vieron venir, los policías municipales cerraron la reja de acceso a la también llamada “casa del pueblo” y empezaron a fotografiarlos. La situación exacerbó los ánimos y comenzaron los reclamos al presidente municipal para que los recibiera. “Cuando andabas en campaña te recibimos en el pueblo y nunca te cerramos la puerta”, fue uno de ellos.

Poco después de las 11:30 horas, el secretario general Gutiérrez Alpizar; el síndico municipal, Juan Carlos Zaragoza Cruz; y el secretario técnico, Edgardo López Robles se acercaron a los inconformes y les pidieron que formaran una comisión de nueve personas con las que pudieran dialogar.

En principio la propuesta fue rechazada: “cuando nos pedían los votos no querían sólo nueve”, espetaron los cuacuileños, luego accedieron y los designados entraron a la oficina del alcalde donde expusieron un pliego petitorio.

“Que defienda los derechos de nuestro pueblo de Cuacuila. Que haga valer su autoridad y ejecute cuanto antes la suspensión de la obra. Que acuda a declarar al respecto al Juzgado correspondiente en la Ciudad Judicial porque hasta el momento no lo ha hecho”, señalaron en un escrito que fue sellado y firmado de recibido para “revisión” por los representantes del alcalde.

Desde el 7 de enero pasado, les recordaron, la Juez de Distrito ordenó detener las obras del gasoducto en la junta auxiliar ubicada a apenas tres kilómetros de la cabecera municipal, y el pasado 25 de Abril confirmó su determinación al conceder la suspensión definitiva.

Sin embargo, la empresa “continuó perforando y generando un devastador ecocidio en nuestra comunidad al amparo de la policía municipal y estatal que resguardaron las obras y acosaban y amedrentaban a los campesinos (…) violando nuestros derechos como pueblo indígena principalmente el derecho a la consulta”.

Por ello, demandaron que el ayuntamiento y las autoridades de todos los niveles de gobierno “ejecuten la suspensión definitiva que hemos obtenido legalmente”.

Tanto el síndico como el secretario general les dijeron que están obligados a cumplir la suspensión dictada por la Juez Primero de Distrito en el Juicio de Amparo 6/2014, pero que hasta este momento no se las han notificado “formalmente”, que una vez que la reciban revisarán los términos de la orden.

“Si ya hubiéramos recibido la suspensión por supuesto que actuaríamos, porque efectivamente, si no lo hacemos estaríamos incurriendo en un desacato a la autoridad”, señalaron.

Los funcionarios municipales agregaron para comparecer ante ese tribunal están a la espera de que se les expida copia certificada del expediente, debido a que la pasada administración “no les dejó ningún documento” y desconocen el asunto.