Huauchinango, Pue.- A pesar de la orden del Juez Primeo de Distrito de frenar la instalación del gasoducto Tuxpan Atotonilco, la empresa Gasomex continúa perforando día y noche “en la impunidad” los terrenos de la junta auxiliar de Cuacuila en Huauchinango y la policía estatal ha aumentado el acoso a los pobladores.

Lo anterior fue denunciado por vecinos de la comunidad que recordaron que el pasado 7 de enero fue publicada la decisión del Juez federal, ordenando a la contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) suspender de manera temporal sus trabajos, hasta la resolución del Juicio de Amparo colectivo número 06/2014.

“En el lugar donde están instalando una supuesta válvula de seguridad, ubicada a 167 metros del pueblo, hay una cuadrilla de por lo menos 200 obreros que las 24 horas perforan e instalan los tubos que llevarán el gas y son cuidados permanentemente por policías municipales y estatales. Ha llegado a haber hasta cuatro patrullas”, refirieron.

Según su información, el número de empleados aumentó a raíz de que los empresarios se enteraron de que la Juez Primero de Distrito concedió la suspensión provisional a los opositores al gasoducto que transportará 6 mil barriles diarios de gas licuado de petróleo desde el norte de Veracruz, hasta el estado de Hidalgo, “como si quisieran burlar a la justicia”.

De la misma manera, indicaron, ha aumentado el acoso y hostigamiento de elementos de las policías estatal y  municipal hacia los indígenas que habitan la comunidad, debido a que la fuerza pública “resguarda” la integridad de los obreros de Gasomex.

Refirieron que el pasado 20 de enero, ocho campesinos que acudieron a sus terrenos de cultivo fueron abordados a su regreso a la comunidad por cuatro elementos de la policía estatal (entre ellos, quien dijo ser el oficial Valdemar Valderrábano Cruz, patrulla 139) y los trató de manera “despectiva” preguntándoles el motivo de su caminata.

Integrantes de la organización Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos (CIDD), llamaron a las autoridades de todos los niveles a que pongan un alto “de una vez por todas a este proyecto de muerte” y exigieron que se les otorguen medidas cautelares para su seguridad.

Los miembros del CIDD responsabilizaron a la empresa Gasomex y a Biósfera Ingeniería Ambiental, al presidente municipal de Huauchinango, Omar Martínez Amador  y  al alcalde auxiliar de Cuacuila, José Rodolfo Lechuga Ahuacatitla, de su integridad, “de los procesos legales que se puedan desatar en nuestra contra y además, por los daños, accidentes, explosiones y/o pérdida de vidas que resulten en el corto, mediano o largo plazo por el gasoducto de la muerte”.