Zapotitlán, Pue.- Diputados federales pedirán a la Semarnat que respete la legislación en materia de derechos de los pueblos indígenas al resolver sobre los proyectos minero-energéticos del país y en especial los de la Sierra Norte de Puebla, según un punto de acuerdo consensuado hace dos meses y que no han subido a la tribuna porque “una mano negra lo ha impedido”.

Lo anterior fue dado a conocer por Raymundo López García, dirigente de la organización Serranos Unidos en Resistencia Indígena (Suri), quien entregó a este medio la última versión del documento que fue acordado con legisladores federales de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

El abogado explicó que el consenso fue alcanzado luego de que la Semarnat, en octubre, dejó en manos de una filial de la Minera Frisco de Carlos Slim Helú, la consulta a la población de Tetela de Ocampo para el barrenado del cerro de Espejeras, de la misma manera que lo hizo hace unos días con la Hidroeléctrica San Antonio a cargo de la empresa Gesa, que se pretende desarrollar en Zapotitlán, Xochitlán, Zoquiapan, Nauzontla y Atlequizayán.

“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está cayendo en la ilegalidad al delegar a los empresarios una consulta que debe realizar el gobierno y coordinar con los pueblos indígenas involucrados, tal y como lo prevé la legislación nacional e internacional”, dijo García López, por lo que urgió a los legisladores a retomar el documento “que el PRI iba a subir a la tribuna, pero una mano negra lo impidió y luego se pospuso por la discusión de la reforma energética”.

El acuerdo propone además que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, participe en la solución de los conflictos desatados en la Sierra Norte poblana por la concesión de tierras y ríos para el desarrollo de la hidrominería.

Los diputados consideraron que el otorgamiento de concesiones mineras y la autorización para la construcción de hidroeléctricas en diversas comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se ha hecho “sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas asentados en dicho territorio, reconocidos en  la legislación internacional y en el sistema jurídico tanto nacional” como estatal.

Esta situación “ha generado una oposición permanente de comunidades, pueblos y organizaciones, que amenaza provocar ingobernabilidad regional de no encauzarse el conflicto en el marco de resarcir los derechos colectivos violados”.

Por ello, pidieron a la Semarnat “apegar sus resolutivos” a las disposiciones estipuladas en los artículos 6, 7, 13 y  15 del Convenio 169 sobre Pueblos  Indígenas en Países Independientes de la OIT, al artículo 32 de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la jurisprudencia  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estas leyes disponen que toda consulta indígena debe organizarla el gobierno en coordinación con los pueblos; “no las empresas privadas interesadas en la explotación de los recursos naturales de la nación. En este sentido se debe incorporar a dependencias y entidades de la administración pública federal al diálogo con los pueblos indígenas a fin de prepararlas, preferentemente a  las Secretarías de Economía y  de Energía”, propusieron los diputados.

Entre los legisladores firmantes están Roxana Luna Porquillo, Josefina García Hernández, Carlos de Jesús Alejandro, Friné Soraya Córdova Morán,  Víctor Reymundo Nájera Medina, Trinidad  Morales Vargas, Teresa  de Jesús Mojica Morga, José Antonio León Mendívil, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Antonio García Conejo, Miguel Alonso Raya.

Además de Vicario Portillo Martínez, Zuleyma Huidobro González, Lisandro A. Campos Córdova, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Rocío García Olmedo, María del Carmen García de la Cadena, José Luis Márquez Martínez, Javier López Zavala, Enrique Doger Guerrero, Ana Isabel Allende Cano, Javier Guevara González, Socorro Ceseñas Chapa, Víctor Emanuel Díaz Palacios.

El michoacano Silvano Aureoles Conejo, el ex gobernador zacatecano Ricardo Monreal Ávila, Armando Contreras Ceballos, Silvano Blanco De Aquino, Loretta Ortiz Ahlf,  Magdalena del Socorro Núñez Monreal, José Antonio Benavides C. Martha Lucía Micher Camarena, Carol  Antonio Altamirano, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Claudia Elena  Águila Torres y hasta el panista Néstor Gordillo Castillo.