- Huauchinango
Que se vayan los que se tengan que ir: Sindicato de Salud
Huauchinango, Pue.- Ante la investigación iniciada por la Secretaría de Salud en el Hospital General de Huauchinango, el médico Margarito Cerecedo Almaraz, delegado del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, externó su respaldo al personal del nosocomio y a su vez dio a conocer una serie de lo que a su parecer son deficiencias e irregularidades que deben corregirse a fin de brindar una mejor calidad en el servicio.
En este sentido dijo que a pesar de que hace cinco meses gastaron 30 millones de pesos en su ampliación, el nosocomio tiene menos camas que antes de la intervención y señala que está en peores condiciones que el edificio habilitado hace 51 años para atender a los pobladores de la sierranoroccidental.
Su declaración fue hecha en una entrevista en la que abordó además el tema del cese de tres trabajadores administrativos por la muerte de una persona a causa de una presunta negligencia médica, suscitada en el nosocomio el pasado 3 de diciembre y consideró que la medida es injusta y el gobierno del estado debe investigar lo sucedido, para ”que se vayan los que se tengan que ir” .
El representante de los trabajadores indicó que lejos de crecer el Hospital se redujo, porque ahora sólo hay 27 camas para atender a los más de 287 mil habitantes de los 18 municipios de la región desde Francisco Z. Mena, hasta Ahuazotepec.
Indicó que con la obra lo único que aumentó fue la capacidad de la sala de espera, tampoco se contrató a personal y “se sigue funcionando con la misma capacidad que hace 50 años” y se eliminaron algunas áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.
En el tema del cese de la trabajadora social Gabriela González Hernández, el jefe de Recursos Humanos Héctor Mendoza Cabrera y la administradora Elizabeth Rodríguez Aldana, Cerecedo Almaraz consideró que en el proceso de baja definitiva se incurrieron en varias irregularidades e inconsistencias por parte de las secretarías de Salud y de la Contraloría.
El representante expresó que el Sindicato llamó a los afectados por la decisión gubernamental a que no firmaran su cese y, optaran por un acta administrativa, pero en el proceso se les citó en la dirección de calle Nigromante número 33, cuando la dirección actual y correcta del Hospital General es Calle INI número 7, colonia Fstse.
Como representante de los trabajadores señaló que se busca que haya un nuevo proceso de investigación, hasta lograr la reinstalación de sus compañeros en sus plazas laborales.
El sindicalista descartó que el gremio vaya a realizar manifestaciones a favor de los afectados, debido a que “como está la situación de la imagen del Hospital General ante los usuarios, se generaría mayor rechazo en lugar de apoyo”.
El problema laboral inició el pasado 3 de Diciembre, cuando en la sala de espera y sin ninguna atención médica, murió Alberto Martínez Gallegos, de 49 de años de edad, por “broncoaspiración”, por lo que se inició una investigación por una presunta negligencia médica, pero quienes fueron despedidos fueron tres empleados del área administrativa “cuando una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo el sindicalista.
Se resolverá en México
Por su parte, la administradora del Hospital General de Huauchinango, Elizabeth Rodríguez Aldana pidió que se revise el procedimiento en su contra y consideró que en su destitución ocurrieron irregularidades.
Rodríguez Aldana es una de los tres trabajadores despedidos de la Secretaría de Salud por la muerte de Alberto Martínez Gallegos, suscitada por una presunta negligencia médica en el Hospital General, el pasado 3 de Diciembre y reclamó que antes de que fueran citados por la dependencia para “deslindar responsabilidades”, en los medios de comunicación, incluido éste, ya se había difundido la noticia de su baja laboral.
“Cuando vimos su nota publicada el día 4 de Diciembre, nos percatamos que ya habían decidido cesarnos sin siquiera habernos notificado sobre el inicio de una investigación en nuestra contra. Después llegaron a pedirnos que firmáramos nuestra renuncia y si no que nos iban a someter a un acta administrativa y aceptamos esto último porque creíamos en las autoridades, pero todo fue irregular”, aseguró.
La quejosa argumentó que el día de la muerte de Martínez Gallegos ella no estaba en el Hospital General pues se encontraba en la ciudad de Puebla cumpliendo con su función de “administradora” aunque ella cuanta con clave de “Apoyo administrativo” y aseguró que cuenta con los oficios de comisión respectivos, los comprobantes de pago de las casetas y sellos de recibido de la cuentas que entregó, como constancia de sus declaraciones.
Señaló que justificaron su baja con el razonamiento de que “como la enfermera de esta la zona de Triage y valora a los pacientes que llegan a pedir el servicio de urgencias no se había presentado a laborar” ella debió haber cubierto la ausencia habilitando a otra persona.
Mientras ella estaba en Puebla, en el centro hospitalario se encontraban dos autoridades de mayor jerarquía que la de ella, quienes pudieron haber tomado decisiones para subsanar la ausencia de la enfermera: el director del Hospital General, José Willibaldo Martínez Domínguez y el subdirector Jorge Segreste Díaz, pero no actuaron, dijo Elizabeth.
Por otro lado, subrayó que la sede de la Jurisdicción Sanitaria número 1 con cabecera en Huauchinango, cuenta con el personal asignado para realizar el llamado “Triage” o catalogación, priorización de pacientes para recibir atención médica, “pero tampoco intervinieron”.
La afectada refirió que desde que se suscitaron los hechos, el personal de la secretaría de Salud ha sido blanco de críticas y ofensas verbales en las calles de Huauchinango y, en el Hospital, continúa el acoso para los trabajadores de parte de los mismos agentes del Departamento Jurídico de la SSA y otros de la Secretaría de la Contraloría estatal.
Para terminar mencionó que los encargados de su cese “violaron sus derechos laborales, porque no le entregaron su pago y tampoco su parte proporcional al aguinaldo cuando ya estaban en tiempos de recibirlos”.
Por separado, quien se desempeñaba como trabajadora Social en la misma institución Gabriela González Hernández, lamentó que su situación “haya llegado hasta donde ya llegó, todo porque nuestro sindicato dejó avanzar las cosas y ahora nuestro secretario General Julio Alfredo García nos dijo que las cosas se van a tener que resolver en México”, compartió.
González Hernández pidió que se haga justicia ya que aseguró que su error fue haber estado en el lugar equivocado el día equivocado, pues a ella, sin que esté capacitada para hacerlo, se le pidió estar en el Triage para cubrir a la enfermera faltista. “No somos nosotros quienes teníamos que ser cesados de nuestros trabajos, pero tampoco se lo deseamos a nadie, lo único que pedimos es que se haga una investigación correcta y justa”.