Huauchinango, Pue.- El Congreso local exhortará al gobierno del estado para que proteja a las comunidades indígenas de la Sierra Norte impidiendo que se establezcan minas a cielo abierto y a las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales federales para que cancelen la aprobación a Minera Autlán para que busque oro en Tlatlauquitepec.

El punto de acuerdo, aprobado por unanimidad en el pleno de la legislatura poblana, fue presentado por el diputado de Nueva Alianza, Benedicto Cortés Díaz, luego de que se conociera de la existencia de más de 90 concesiones mineras en la región y que trascendiera la aprobación de un proyecto de exploración en uno de los municipios del distrito que representa.

Cortés Díaz aseguró que es lamentable que los pobladores de Tlatlauquitepec se hayan enterado de la concesión de su territorio a la empresa filial del Grupo Ferrominero a través de los medios de comunicación, situación que provocó el rechazo incluso de las autoridades.

Aseveró que  de inmediato se constituyó una organización que se manifestará en defensa de los bienes naturales y en oposición a la instalación de la minera que iniciaría labores de exploración luego de que la Semarnat aprobó el expediente 21PU2013MD021 que corresponde al proyecto “El Aretón” ubicado en las comunidades de El Canal y Calatepec.

 El diputado indicó que son ocho las concesiones mineras otorgadas en Tlatlauquitepec: “Macuilquila”, operada por Minas Santa Martha; “Guadalupe”, operada por Grupo Ferrominero; “Santa Rosa”, por José Humberto Canal Castellanos y socios; “Paraíso”, por Real de Gemas, así como “San Pablo 1” y “San Pablo 2”, que son operadas por Víctor Manuel Ánimas Arellano.

Por ello dijo es necesario que se cancelen los permisos y que la empresa y el gobierno federal se acerquen a la población a explicar en qué consiste su proyecto.

El diputado aliancista reconoció que un exhorto no es suficiente un exhorto para proteger la sierra baja de Tlatlauquitepec –entre los mil y los mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar-, donde se pretenden instalar la minera, pero con una vez que se detengan los trabajos, desde el Congreso se pueden emprender acciones para declarar a esa región como área natural protegida.