Juan C Bonilla, Pue.- Se forma un frente nacional en defensa del territorio, la energía y los derechos de los trabajadores. Miles se preparan para dos movilizaciones unitarias a fin de exigir al gobierno federal la cancelación de la firma mexicana al Acuerdo Transpacífico (ATP), el más ambicioso tratado comercial que involucra 11 países.

“Pasar de la resistencia a la ofensiva”, fue el resolutivo del Primer Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, celebrado en el municipio de Santa María Zacatepec en la que participaron más de mil personas integrantes de más de 100 organizaciones, redes y comunidades y colectivos de 14 estados de la República.

Será el próximo 12 de septiembre y 12 de octubre cuando miles de personas de todo el país marchen desde sus estados al Distrito Federal, para exigir al gobierno el respeto a derechos de los pueblos, la cancelación de los megaproyectos energéticos, la no criminalización de la protesta social y la anulación de las reformas estructurales que atentan en contra de la economía popular y los derechos los trabajadores del país.

“Ha llegado la hora de movilizarnos, unidos, con fuerza y con amor para defendernos, levantarnos para exigir nuestros derechos, retomar la bandera que enarbolaron nuestros abuelos, basta del despojo, violencia e injusticia”, fue el pronunciamiento tras dos días de trabajo en el municipio de Juan C Bonilla.

“El país enfrenta un grave peligro, el grupo gobernante al servicio de las grandes trasnacionales le cede el territorio a intereses extranjeros, cancelando los derechos de heroicas luchas ganadas en el territorio nacional.

“Más de la tercera parte del territorio de México ha sido entregado a empresas mineras extranjeras, las reformas estructurales, impuestas en material laboral, fiscal, energética, educativa y agraria, atentan contra el derecho de nuestros pueblos, trabajadoras y trabajadores y de la soberanía nacional”, denunciaron las organizaciones en el resolutivo final expuesto tras dos días de discusión.

Expusieron que ante esta grave situación, era prioritario un proyecto unitario que fortalezca las luchas de pueblos, pues “el aislamiento de los movimientos de resistencia, permite a los poderosos derrotar, se debe avanzar en la construcción de un espacio nacional”, se concluyó.

Líderes denunciaron también la ofensiva que ha emprendido el gobierno federal “de asesinatos y desapariciones” y exigieron la presentación con vida de los líderes que “fueron levantados” y el castigo de los crímenes de  Bety Cariño, Mariano Abarca, Alexi de Benhumea y Bernardo Vázquez y la inmediata liberación de los presos políticos del país.

Cientos, pidieron el cese del hostigamiento y persecución en contra de los integrantes de la Asamblea del Pueblo juchiteco “Por los hermanos zapotecas que luchan en contra de los parques eólicos”.

En el pronunciamiento exigieron la cancelación de las presas Paso de La Reina, La Parota y de las que amenazan la vida de las comunidades de la sierra norte de Puebla, Veracruz y Chiapas.

Demandaron cancelación del megaproyecto eólico del Istmo y de los parques que se pretenden construir en Juchitán, San Dionisio y San Mateo del Mar y Unión Hidalgo.

Anunciaron que intensificarán la resistencia de los pueblos de Tlaxcala y Puebla que luchan contra la imposición de un gasoducto, acueducto y dos termoeléctricas, en Huexca y la cancelación definitiva del proyecto integral Morelos.

“Nada sin el consentimiento libre, previo e informado y ningún proyecto de inversión más sin tomar en cuenta a los dueños históricos del territorio”.

No a los tratados

Integrantes de las decenas de organizaciones acusaron que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, condenó a la miseria  a millones de familias mexicanas, pues entregó los bienes y soberanía del país a manos extranjeras.

Explicaron que el tratado posterior, la imposición del Plan Puebla –Panamá (hoy proyecto Mesoamérica), ha traído despojo y violencia de los pueblos de México y Centro América, sin embargo, refirieron que el Acuerdo de Transpacífico, representa para el país aún una amenaza más crítica.

“Tras tres décadas de acuerdos comerciales de corte neoliberal que han incluido una fuerte liberalización financiera, tanto en lo interno como en los flujos transfronterizos, no habían incluido reglas sobre propiedad industrial, compras del sector público, medidas sanitarias y fitosanitarias, relaciones laborales y la prohibición de requisitos de desempeño sobre las corporaciones internacionales.

“Esta será una redefinición radical para la estrategia de desarrollo de cualquier país y la colocan en manos de las transnacionales y del ‘libre mercado’ de la forma más cruda como nunca se había visto”, aclaró a este medio Alberto Arroyo, integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.