La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que si hay un sector de la población que presenta mayor índice de vulnerabilidad ante el coronavirus SARS-CoV-2 es el de las personas que viven en pueblos indígenas o afromexicanos, quienes además de hallarse en condiciones de pobreza, exclusión y marginación, ahora se enfrentan a la amenaza de un posible contagio derivada de la falta de servicios de salud en sus comunidades; así como la cancelación de tianguis y cierre de sitios turísticos en los que cotidianamente ofrecían sus artesanías o el fruto de sus cosechas,  la suspensión de actividades productivas en comercios e industrias y, sobre todo, el temor de contraer dicho padecimiento al salir de su territorio.

De acuerdo a cifras oficiales, en nuestro país viven 12 millones 25 mil 947 personas (10.1% de la población total del país) que se identifican como indígenas, quienes en algunos casos y ejerciendo su derecho a la autodeterminación, han decidido aislar sus comunidades para evitar dicho padecimiento, por lo que es preciso redoblar esfuerzos para que cuenten con información en su lengua sobre las formas de prevención y contagio, se les garantice el abasto de alimentos, la continuidad en la prestación de servicios básicos y alternativas que les permitan allegarse de recursos económicos para solventar sus necesidades.

Ante el hecho de que muchas comunidades indígenas se encuentran en lugares donde el acceso solamente es mediante brechas y caminos de terracería, se deben desarrollar estrategias para otorgarles servicios de salud que durante esta contingencia sanitaria resultan esenciales y medicamentos para atender no sólo el COVID-19, sino otros padecimientos como desnutrición, diabetes, obesidad, hipertensión, dengue, sarampión y enfermedades gastrointestinales.

Dichos servicios deben proporcionarse evitando situaciones que discriminen y estigmaticen a quienes integran dichas comunidades, además de otorgarse bajo un enfoque de derechos humanos y brindando especial atención a la niñez y adolescencia, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores.

Además de solicitar, reiteradamente, a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender de manera integral las necesidades de los pueblos indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en días pasados medidas cautelares para suspender las actividades no esenciales relativas al proyecto “Tren Maya”, a fin de evitar el contagio y la propagación del coronavirus entre trabajadores y habitantes en el sureste del país.

Al respecto, cabe destacar que recientemente, José Francisco Cali Tzay, nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, expresó su preocupación sobre la manera en la que la pandemia está afectando a los pueblos indígenas, no sólo en cuestiones de salud, sino también porque “se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos”, además de que en “algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura”.

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