Chalchihuapan, Pue.- A dos meses del enfrentamiento con policías estatales, la vida cotidiana ha regresado a la normalidad en San Bernardino Chalchihuapan donde las autoridades auxiliares ya preparan los festejos del Grito de Independencia, aunque esta ocasión estarán enmarcados con el luto por la muerte del menor José Luis Tlehuatlie Tamayo.

Dos moños, uno negro y uno blanco, colocados en la fachada de la presidencia auxiliar dan cuenta del ánimo rebelde con el que un sector de la población recordará el inicio de la Independencia de México.  La plaza central luce ya decorada con adornos alusivos al mes patrio y en lo alto, sobre la réplica de la campana de Dolores, ondea la bandera de México.

Aquí, la noche del 15 de septiembre se darán cita los pobladores que fueron reprimidos por policías estatales el pasado 9 de julio cuando se manifestaban sobre la autopista Puebla-Atlixco para exigir al gobierno del estado el regreso de los servicios del Registro Civil a la junta auxiliar.

Previo a la ceremonia cívica, el presidente Jairo Javier Montes Bautista develará una placa conmemorativa al niño de 13 años que resultó herido de muerte por el impacto de un cilindro de gas lacrimógeno lanzado por policías preventivos durante el desalojo. Además habrá una misa y una verbena popular, pero nada más.

Por lo pronto, sólo un cohetón lanzado al aire exactamente a la 1:30 pm estremece el entorno y provoca que una parvada de pichones salgan volando de la cúpula del templo de San Bernardino.

Todos los días la presidencia auxiliar ha estado abierta, excepto hoy (jueves 11 de septiembre). Las autoridades se fueron a la ciudad de México donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presenta las conclusiones de las investigaciones que realizó en torno a las violaciones graves a los derechos humanos en aquel adverso miércoles de julio.

Funcionarios, ni secretarias se presentaron a trabajar, ante el amago de militantes de Antorcha Campesina de protestar en contra del gobierno perredista, al que reclaman la falta de obras y la opacidad en el manejo de los recursos; sin embargo, la protesta tampoco se realizó.

Como el gobierno del estado ordenó la desaparición de policías auxiliares y el retiro de los agentes del Ministerio Público, tampoco abrieron las oficinas de la planta baja.

Un par de policías municipales de Santa Clara Ocoyucan –cabecera de esta comunidad- son los únicos servidores en hacer presencia. Luego de estacionar su patrulla y conectar su celular en un contacto de los baños públicos ubicados frente del quiosco, pasean sus uniformes por la plaza y se detienen a fumar un cigarro, después se van.

Los comerciantes que se instalan en la explanada de la comunidad trabajan sin mayores contratiempos, niños y madres de familia van y vienen de las escuelas, el transporte público mantiene su monotonía diaria y un par de ancianos parece dormitar sentados en el atrio del templo.

Nadie habla ya del enfrentamiento, ni de los heridos, mucho menos de los detenidos que fueron liberados un mes después. Los niños que recién salieron de clases corren en la plaza central, se amontonan en el negocio de la esquina donde rentan  maquinitas y las amas de casa ultiman detalles para la comida.

De pronto, así como los niños invadieron el centro, desaparecen entre las calles que parecen serpentear por la comunidad y para los pobladores, este jueves sigue siendo como cualquier otro día.