Puebla, Pue.- La Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla presiona a autoridades municipales y representantes comunitarios para que acepten la construcción de la hidroeléctrica San Antonio que la empresa Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. (GESA) quiere construir en los ríos Zempoala y Ateno, denunciaron pobladores.

Con este aval gubernamental, personeros de la empresa se han presentado ante los ayuntamientos con un protocolo para la realización de una consulta que viola los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, precisaron los miembros de los Comités de Defensa del Territorio de Zoquiapan y Xochitlán, dos de los cinco municipios involucrados en el proyecto, el Consejo Tiyat Tlali y Tetela Hacia el Futuro.

En rueda de prensa, los indígenas nahuas y totonacos recordaron que en diciembre del 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) condicionó la manifestación de impacto ambiental presentada por GESA a la realización de una consulta, a pesar de que la dependencia conoce la oposición de las comunidades al proyecto hidroeléctrico.

“Estos hechos no sólo evidencian que tanto la Semarnat como el gobierno del estado están actuando como promotores de proyectos de capital privado que buscan la generación de ganancia y la profundización de la privatización de la generación y distribución de la energía eléctrica, en lugar de actuar para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, acotaron.

El protocolo con el que pretenden realizar la consulta, dijeron, contiene varias irregularidades como “designar a la empresa como el ‘Órgano Responsable’ de hacerla. Lo que representa una grave violación a los estándares de consulta a los pueblos indígenas, que establecen que la es una obligación del Gobierno, sin la intervención de las empresas”.

Los indígenas exigieron a los gobiernos federal y estatal respeto a su autodeterminación y el cese del hostigamiento “a autoridades y población de la Sierra Norte debido a nuestra total negativa al proyecto hidroeléctrico y a todos los proyectos de muerte que se pretenden imponer”.

Tras denunciar que en la entidad se vive una un clima de represión y persecución contra los opositores a los megaproyectos”, expresaron su solidaridad con quienes se oponen a la construcción del gasoducto Morelos y exigieron la liberación de Enedina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores, así como el esclarecimiento del asesinato de Antonio Esteban Cruz, ocurrido la semana pasada en Cuetzalan.

Los serranos hicieron responsable al gobernador Rafael Moreno Valle, al gobierno federal y a de la integridad física y moral de los habitantes de la Sierra Norte de Puebla que exigen el respeto a sus derechos y llamaron a evitar “un ecocidio y desplazamiento forzado de decenas de comunidades indígenas” por la puesta en marcha de los proyectos hidromineros.