Tehuacán, Pue.-El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) solicitó mediante un oficio al Ayuntamiento de Tehuacán desde el pasado 27 de agosto, se inicie de manera inmediata el procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas en contra de los directores del área de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Luego de  señalar antecedentes que se generaron tras la toma del estado del mando de Seguridad Pública, este organismo puntualiza que al desconocerse dónde se encuentran los titulares de las áreas mencionadas y debido a que no justificaron la técnica y la operatividad administrativa, así como la inclusión de policías en las dependencias que dirigían, sin tener la documentación que la ley establece, debe actuarse en consecuencia.

El presidente de Igavim, Juan José Hernández López indicó que Ángel Ernesto Ramírez García, Marco Antonio López Alfaro y Enrique Ximello Salaya, titulares de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, respectivamente, debieron enfrentar el proceso de revisión en iguales condiciones como todo el personal operativo lo hizo y por lo tanto no se les puede dar oportunidad que se presenten cuando ellos decidan y de manera protegida.

Expresó que se le está pidiendo a la autoridad municipal que aclare y justifique los motivos por lo que el Juez Calificador del primer turno solo cuenta en su expediente con un certificado de estudios y no con una carta de pasante o cédula profesional.

Por otra parte, también solicitan que el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Carrasco Pérez, justifique técnica y motivos legales por los que policías municipales laboraban sin cumplir con los requisitos necesarios que marca la Ley.

Refirió que también es necesario que el Consejo Municipal de Seguridad Pública emita un informe inmediato del seguimiento que ha realizado tras los hechos que han acontecido.

Finalmente, Hernández López puntualizó que la Sindicatura Municipal debe revelar los nombres de los cuatros abogados que supuestamente fueron asignados para la defensa legal de los 23 policías que fueron detenidos bajo los cargos de usurpación de funciones, además de que se dé a conocer la situación jurídica.

dp