Los dreamers mexicanos y centroamericanos que radican en Estados Unidos carecen de ayuda financiera para estudiar en las universidades públicas del país y sufren violaciones a sus derechos humanos al ser detenidos por supuestos vínculos delictivos.

Isabel Martínez, profesora de John Jay College y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, señaló que estas condiciones impiden que los migrantes que desde niños fueron llevados a Estados Unidos por sus familias para acceder a una mejor vida, puedan cumplir con ese objetivo.

Durante su ponencia “La situación de los jóvenes migrantes en Nueva York”, la investigadora expuso que la mayoría de universidades restringe los apoyos federales o estatales a estudiantes extranjeros, privilegiando así a la matrícula que cuenta con residencia en los estados.

“Estudiar un año en una universidad pública de Estados Unidos representa una inversión de hasta 100 mil pesos, en consecuencia, asistir a una institución privada para un migrante es prácticamente imposible sin una beca o apoyo financiero que en estados como Alabama, están restringidos”, dijo.

Expuso que esta situación los frena para prepararse y acceder a una mejor vida. Lo mismo ocurre cuando son detenidos por las autoridades como sospechosos de estar involucrados con pandillas, sin que los hechos sean investigados. Esto, con la intención de solicitar su deportación inmediata.

Ante esta situación, y frente a la intención del presidente Donald Trump por cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que evitaba temporalmente su deportación, la mayoría de jóvenes migrantes han hecho de lado la posibilidad de prepararse y han recurrido al empleo para conseguir ingresos ante un posible regreso a sus lugares de origen.

“Ya no están entusiasmados en preparase porque saben que el beneficio del DACA podría desaparecer ante la política migratoria de Trump, y están tomando otras decisiones”.

Actualmente hay más de 800 mil personas que obtuvieron el beneficio del DACA al demostrar que llegaron con menos de 16 años cumplidos a Estados Unidos, y que hasta 2012 tenían entre 15 y 31 años.