El alcalde de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, tardó 4 horas en llegar a su municipio tras ser avisado del intento de linchamiento contra 2 encuestadores la tarde del 19 de octubre de 2015, aunque aseguró que estaba comiendo a 10 minutos de su oficina.

Además, el edil no asumió el mando de la seguridad pública en la demarcación y solo se limitó a dar órdenes a través del teléfono, para solucionar el conflicto.

Lo anterior se desprende de la recomendación 78/2017 sobre el caso de las Violaciones a los Derechos Humanos a la Seguridad Jurídica y a la Vida, por la omisión de actuación de las autoridades en el linchamiento de V1 y V2, en Ajalpan, Puebla, que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 17 de enero de este año.

El 19 de octubre de 2015, los hermanos José y Rey N. fueron golpeados e incinerados por una turba que los acusó de “robachicos”, aunque solo habían ido a levantar encuestas.

Según el informe rendido por el alcalde a la CNDH, fue avisado de los hechos alrededor de las 18:45 horas: “fui enterado de los hechos siendo aproximadamente a las 18:15 horas vía telefónica, pero ya checando el parte de novedades me pude percatar que fue aproximadamente a las 18:45 horas, y se le dio la indicación de que se remitieran (los encuestadores) al Ministerio Público, pero dicha acción nunca se realizó ya que los pobladores nunca lo permitieron”.

Un total de 17 funcionarios municipales y estatales confirmaron que el munícipe llegó a la zona entre las 23:00 y las 23:30 horas, cuando la policía ya había ocupado la explanada y se realizaba el levantamiento de los cadáveres.

“¿Con mil personas, poner orden? No se puede, pone uno en riesgo su vida”, señaló al ser cuestionado sobre por qué no había ingresado a la plaza.

Gustavo Lara también dijo que a las 19:15 horas pidió apoyo a Seguridad Pública para contener la situación, pero personal de esa dependencia indicó que ellos llamaron al alcalde a las 20:30 horas, pero que atendió hasta las 20:58 horas.

Aunque la CNDH pidió una entrevista con el presidente municipal para su investigación, este se negó porque “se preparaba para rendir su informe de gobierno”.

Por lo anterior la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó pertinente presentar denuncia a la secretaria general del Congreso del Estado, “para que en el ámbito de sus facultades determine lo que en derecho corresponda a la actuación omisiva de AR4 (presidente municipal)”.