Teziutlán, Pue.- La Junta Especial de Conciliación y Arbitraje embargó seis bienes inmuebles al Sistema Operador del Servicio de Agua Potable en Teziutlán (Sosapatz) por un fallo en relación a alrededor de 2 millones de pesos a favor de cinco trabajadores que fueron despedidos injustificadamente al inicio de la presente administración.

En entrevista, el titular de la Junta Especial Número Ocho, José de Jesús García Barceínas, informó que el Sosapatz ya fue notificado del requerimiento de pago y embargo y que sólo está a la espera de que el Registro Público de la Propiedad informe “si efectivamente los bienes pertenecen a los demandados” para rematarlos, sin embargo, la respuesta aún no la reciben.

Aclaró que la acción preventiva se realizó para asegurar el pago a los ex trabajadores por los salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldos, vacaciones y prima vacacional. No obstante, mientras no se resuelva este problema seguirá en aumento el adeudo, “no se ha solucionado, seguimos en espera de… y por lo tanto, se le van sumando diversas cantidades respecto a los salarios caídos”.

En cuanto al procedimiento de estas demandas laborales, el funcionario explicó que primero el Registro Público de la Propiedad debe responder si en realidad los bienes le pertenecen a los demandados, después la Junta Especial tiene que evaluar los bienes inmuebles para que un perito especialista cuantifique el valor y con ello, pueden rematarse para cubrir el adeudo y si es que hay un sobrante se devuelve al Sosapatz o bien, los demandantes se los adjudican.

Si es que hay voluntad del Sistema Operador, aún pueden llegar a una solución, “inclusive esta cantidad puede ser aún negociada con las partes; esto quiere decir que puede acordar con los trabajadores cuánto les va a pagar y si aceptan, entonces se resuelve”, explicó García Barceínas, quien se reservó la secrecía para no precisar los bienes embargados.

No obstante, ante la próxima conclusión de la actual administración municipal que entregará el encargo el próximo 14 de febrero, así como por el retraso del Registro Público de la Propiedad para responder sobre la posesión de los inmuebles y por los tiempos del mismo proceso –dijo el funcionario- lo más seguro es que sea una deuda que se herede a la siguiente administración teziuteca y de no solucionarse este problema, aumentará el monto a pagar.