Huauchinango, Pue.- El alcalde de Pahuatlán, Arturo Hernández Santos, se declaró incompetente para frenar la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula y atribuyó a una mala información de sus adversarios políticos el rechazo al proyecto. También minimizó las afectaciones y los beneficios que podría dejar la obra de la empresa TransCanada.

Insistió que debe hacerse la consulta pública a los pueblos indígenas –San Pablito, Zacapehuaya y Xochimilco- porque “será con lo único que puedan defenderse legalmente”, aunque dijo que los opositores son unos cuantos y negó haber recibido un “moche ni en pesos ni en dólares” para firmar la licencia de cambio de uso de suelo.

“No está en mis manos poder resolver este asunto. No podemos oponernos a una obra que está debidamente concesionada por el gobierno federal. La empresa ha presentado su permiso de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), su concesión y su permiso de la ‘agencia del ambiente’. Sin embargo les he dado la garantía de que el municipio sólo dará el permiso de uso de suelo, mas no el de los particulares (sic)”, indicó

Aclaró que a diferencia de lo que se ha dicho en diversos medios, sí ha dado información, sobre todo a los afectados, pero fueron los habitantes de San Pablito los que rompieron con esa dinámica y desde entonces, al haber resistencia, no han podido, ni ellos, ni la Secretaría de Energía, ni la empresa, “volver a hablar del proyecto tal y como es”, explicó.

Hernández Santos aseguró que la gente ha sido desinformada por un “economista de la UNAM –al que no identificó- que los encabeza y bueno, pues yo digo que zapatero a tus zapatos. Qué va a saber del gasoducto un economista”, expresó al tiempo de señalar que él ha hablado con los pobladores para sacarlos de su “error”, pues hay muchos municipios como Venustiano Carranza, Xicotepec y Huauchinango están llenos de ductos y qué pasa – se preguntó- “no pasa absolutamente nada”, respondió.

El alcalde señaló que en la medida en que la población reciba información “fidedigna”, se acabará la resistencia. “Deben escuchar a los expertos que trae la empresa, pues les han dicho que les va a dar cáncer, que se dañarán los mantos acuíferos y eso no es cierto. Es necesario que escuchen las cosas reales de este proyecto y cuando lo hagan, la gente quedará tranquila”.

Sin embargo, a pregunta expresa, Hernández Santos no identificó cuáles serán los beneficios que traerá el gasoducto para los habitantes de Pahuatlán, en cambio refirió que los ingresos para el municipio por las licencias que tiene que otorgar son mínimos. “Beneficios como tales al municipio no va a haber. Es un sitio de paso. La ley de Ingresos establece las cuotas. Es una cantidad mínima.

“Lo que le he pedido a la empresa o al gobierno es que las autoridades de las comunidades negocien alguna obra pública”.

La oposición a la tubería que transportará gas natural desde el sur de Texas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó el alcalde, ha sido provocada por sus adversarios políticos, a los que identificó como militantes del “PT, de Morena y hasta del PRI”, pero rechazó que se persiga o acose a los inconformes y aclaró que sí interpuso una denuncia por daños en un vehículo de propiedad municipal “contra quien resulte responsable”, luego de que el pasado 25 de octubre fuera “encerrado” en San Pablito por “máximo unas 150 personas cuando ahí viven 3 mil”.

Admitió que ese día estuvo dispuesto a firmar el documento donde se comprometió a negar el permiso de uso de suelo –que luego desconoció-, pero no en los términos que se lo presentaron inicialmente pues decía “que yo los discrimino por ser indígenas y eso no es cierto y les pedí que hicieran uno nuevo y se tardaron cuatro horas. Mientras me encerraron en la camioneta, la picaron con desarmadores, poncharon las llantas de la camioneta propiedad del municipio y me insultaron, me amenazaron. Si hay una denuncia penal y no sé qué determine el Ministerio Público”.

Hernández Santos apuntó que son pocas las personas que se oponen a la instalación de la tubería de TransCanada. “En Zoyatla son unas 80”, refirió. Por lo anterior los conminó a aceptar que se realice una consulta pública porque será “el único argumento legal para probar que dijeron no. Pero si no la aceptan, yo no veo como puedan hacerlo”.