Mérida, Yuc.- Ante el litigio que enfrentan desde ya hace más de 12 años los empresarios Eduardo José Castilla Roche y Fernando José Joaquín Ponce García, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alertó que este caso ha utilizado el Poder Judicial como herramienta para resolver una disputa familiar.

Esto se da después de que concluyo la fase probatoria de este caso, donde se interrogaron a testigos y se expusieron contradicciones en las declaraciones, por lo cual el expediente ya está encaminado a una resolución que podría sentar un precedente nacional, con repercusiones negativas para el sistema legal.

Cabe señalar que, el asunto ya fue resuelto a favor del empresario Castilla Roche en tres instancias en Quintana Roo. Pese a ello, las Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán continúa insistiendo en que la situación es su jurisdicción, ya que el presunto delito se planeó en un avión que sobrevolaba el estado.

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que reactivar causas prescritas vulnera principios como la legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso, lo que ha generado un precedente muy peligroso con implicaciones nacionales que afectará a miles de personas mexicanas.

Se prevé que la sentencia de primera instancia va a tener que atender, de manera ineludible, la prescripción y la validez del poder notarial. En caso de que estalle un fallo adverso, dichos puntos serían corregidos en segunda instancia, lo que podría llegar a ser considerado el momento crucial de este proceso judicial.

Muchos han acusado que el uso del derecho penal para dirimir pleitos intrafamiliares se ha convertido en una herramienta cada vez más frecuente en Yucatán. El problema es que esta tendencia desplaza los mecanismos civiles, sobrecarga al Poder Judicial y abre espacio a la influencia de actores con poder.

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Foto: Especial

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