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agosto 5, 2025 6:19 pm Faro Internacional, La Pluma Estados Unidos repliega su política climática: desafíos para México El cambio climático no es un problema lejano o exclusivo de expertos: es una realidad que nos afecta a todas y todos, y representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Lo vemos en las sequías, en los incendios forestales, en las olas de calor cada vez más intensas y en los cambios en la producción de alimentos. Esta realidad global nos exige actuar con urgencia y responsabilidad, porque lo que está en juego es el bienestar de las personas, el equilibrio del planeta y el futuro de las próximas generaciones. En medio de un panorama internacional donde una de las principales potencias está debilitando sus compromisos ambientales, México ha optado por reafirmar su compromiso con la protección del medio ambiente, apostando por políticas públicas que combinan justicia social, sostenibilidad y acción climática. El 29 de julio de 2025, desde las instalaciones de un concesionario de camiones, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció una decisión que podría redefinir el equilibrio climático global: la propuesta para revocar la llamada Endangerment Finding (Hallazgos de peligro), dictamen legal y técnico que, desde 2009, permitió a la EPA regular los gases de efecto invernadero (GEI) bajo la Clean Air Act. En dicha resolución —sustentada en una amplia base de evidencia científica revisada por expertos— se determinó oficialmente que seis GEI, entre ellos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, representan un riesgo para la salud pública y el bienestar humano.[[1]] Inicialmente, la Endangerment Finding fue la base legal para que la EPA regulara las emisiones de vehículos y motores de servicio ligero, mediano y pesado. Posteriormente, se extendió su aplicación a fuentes estacionarias, como centrales eléctricas y operaciones vinculadas al petróleo y gas. Esta facultad convirtió al dictamen en un instrumento esencial para la política climática federal estadounidense.[[2]] El documento presentado por la EPA justifica el giro de la política climática de Estados Unidos (EE. UU.) con tres argumentos. La agencia critica que las autoridades interpretaron, con base en la Clean Air Act, que debían regularse las emisiones para responder a “preocupaciones climáticas globales”, en lugar de evitar la contaminación atmosférica, local o regional, que pone en peligro la salud pública. Asimismo, la publicación concluye que la evaluación científica de 2009 fue “defectuosa” y que no existen tecnologías viables para controlar las emisiones, sin generar “daños mayores” a la economía o al bienestar público. Además, la EPA señala que la Endangerment Finding condujo a una extralimitación regulatoria que impuso cargas innecesarias a la economía estadounidense y afectó negativamente a sectores clave como el automotriz, energético, transporte e industria pesada.[[3]] Aunque la propuesta aún debe someterse a un proceso de consulta pública y revisión legal, la EPA espera que su aprobación ahorre a los estadounidenses 54 mil millones de dólares al año, gracias a la derogación de todas las normas sobre gases de efecto invernadero, incluida la normativa sobre vehículos eléctricos del Gobierno del presidente Joe Biden. La narrativa de desregulación cuenta con el respaldo de grupos industriales como el American Petroleum Institute y la National Association of Manufacturers, históricamente alineados con agendas presidenciales menos restrictivas en materia ambiental.[[4]] Este viraje en la política ambiental estadounidense se produce en un momento crítico para la lucha contra el calentamiento global y debilita los compromisos multilaterales asumidos por EE. UU. en el Acuerdo de París. Cabe recordar que el país ya se ha retirado en dos ocasiones de dicho pacto durante los mandatos de Donald Trump. Dada esta situación, a pesar de algunos avances, EE. UU. continúa siendo el segundo mayor emisor mundial de GEI y figura entre los países con más emisiones per cápita. Si bien ha registrado una reducción gradual de emisiones desde 2007 —impulsada por la menor dependencia del carbón, la innovación tecnológica y el crecimiento de las energías renovables—,[[5]] la tendencia positiva podría revertirse con una menor presión regulatoria. Los efectos de esta política rebasan el plano doméstico. Muchos países podrían interpretar estas acciones como incentivo para relajar sus políticas sobre emisiones de GEI. En principio, la propuesta estadounidense entra en tensión directa con lo estipulado en el Capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual reconoce el derecho soberano de cada parte para establecer sus propios estándares ambientales, pero también compromete a las naciones a mantener y mejorar sus políticas para garantizar altos niveles de protección ambiental.[[6]] Además, esta estrategia de desregulación se alinea con la política estadounidense de atracción y repatriación de capitales, lo que podría incentivar la relocalización de industrias contaminantes hacia su territorio, aprovechando un entorno regulatorio más laxo y menores costos operativos.[[7]] En este sentido, el Capítulo 24 del T-MEC también establece que las Partes reconocen como inapropiado el uso de leyes ambientales o cualquier otra medida con fines que constituyan una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre los países firmantes. A este respecto, el Capítulo 31 del T-MEC contempla mecanismos para la solución de controversias, incluyendo reclamos por medidas vigentes o propuestas que puedan afectar su funcionamiento. En caso de desacuerdo, el procedimiento debe iniciar ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del T-MEC, la cual canaliza el proceso correspondiente.[[8]] En contraste, México dispone de un marco legislativo sólido en materia de cambio climático. El Plan Nacional de Desarrollo, en su Eje General 4, impulsa un modelo de desarrollo sustentable por medio de la transición energética hacia fuentes renovables y la adaptación al cambio climático.[[9]] De manera complementaria, el Plan México incluye, entre sus 13 metas para 2030, la promoción de inversiones sostenibles con mejores prácticas ambientales.[[10]] En este mismo sentido, el programa Sembrando Vida —orientado a combatir simultáneamente la pobreza rural y la degradación ambiental— ya alcanza una cobertura de más de un millón de hectáreas en 24 entidades del país.[[11]] Como reflejo de esta visión, durante la cumbre del G20 en noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso destinar el uno por ciento del gasto militar global al financiamiento del “programa de reforestación más grande de la historia”, posicionando a México como un actor propositivo en la agenda climática internacional.[[12]] De cara a la próxima revisión del T-MEC, la propuesta de la EPA se convierte en un punto de referencia crítico en la evaluación del compromiso estadounidense con los estándares acordados. A su vez, la respuesta de México será observada por la comunidad internacional. Para preservar su liderazgo climático en América Latina, nuestro país debe reforzar su institucionalidad ambiental, asegurar la participación ciudadana y evitar que sus normas se debiliten por presiones comerciales. En definitiva, lo que está en juego no es un tecnicismo regulatorio, ni un simple diferendo comercial. Es el derecho de los pueblos a un ambiente sano, a la estabilidad climática y a un futuro compartido. EE. UU. puede dar marcha atrás en sus compromisos, pero México aún tiene la posibilidad de reafirmar que su visión de desarrollo se basa en el derecho colectivo a un porvenir viable y ambientalmente justo. clh