Este mes se puso en marcha una nueva fase del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, en la zona de Santa Teresa, Texas, y Ciudad Juárez. Las autoridades estadounidenses ya colocaron los primeros 30 metros de acero, parte de un tramo planificado de 11 kilómetros (aproximadamente 7 millas), según informó la Patrulla Fronteriza.

Esta obra forma parte de una partida aprobada por el Congreso de Estados Unidos de 46 500 millones de dólares, enfocada en ampliar el muro y reforzar la detención de personas indocumentadas —adicional a los 45 000 millones que se asignarán para centros de detención, según fuentes oficiales.

En marzo de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la construcción abarcará otras zonas fronterizas de Arizona, California, Nuevo México y Texas, y que se eximirá temporalmente a la obra de cumplir con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), buscando acelerar el proceso.

En el condado Hidalgo, Texas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) adjudicó un contrato de 70 millones de dólares a la empresa Granite Construction Co., para levantar un tramo adicional de muro.

Desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump dio prioridad a la expansión del muro con un enfoque militarizado. Se han transferido terrenos federales al Ejército, convertido zonas en instalaciones de detención bajo jurisdicción militar, aprobado nuevos contratos y obtenido respaldo político para acelerar la edificación.

Sin embargo, sus críticos alertan sobre los impactos ambientales que estas obras causan en zonas fronterizas —donde habitan especies vulnerables y sobreviven ecosistemas frágiles—, además de señalar la afectación a tierras de comunidades indígenas y rurales.

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foto ilustrativa 

xmh