Acapulco, Gro. - Una disputa legal se ha encendido entre el gobierno municipal de Acapulco y las autoridades estatales, luego de que la alcaldesa Abelina López Rodríguez buscara frenar una auditoría estatal relacionada con los recursos enviados para la reconstrucción tras el paso del huracán Otis. En el centro de la discusión están 898 millones de pesos cuyo destino aún no ha sido aclarado del todo.

La edil interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) revise el uso de dichos fondos. La razón que argumenta el municipio es que el origen del dinero es federal, por lo que —según su interpretación— solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede fiscalizarlo.

La Corte ya aceptó estudiar el caso bajo el expediente 174/2025, asignado al ministro Javier Laynez Potisek, quien deberá presentar un proyecto de resolución ante el Pleno. La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, calificó el caso como de “tramitación urgente”, lo que implica que tendrá que resolverse antes del 1 de septiembre, fecha en la que se renovará parte del cuerpo de ministros.

El tema ha provocado reacciones encontradas. Desde el ámbito político, hay voces que ven en la controversia un intento por evitar la rendición de cuentas, especialmente luego de que la alcaldesa fuera denunciada formalmente el pasado 3 de junio por presunto uso indebido de recursos públicos. La acusación proviene del gobierno estatal, luego de que el ayuntamiento se negara a colaborar con las auditorías.

Los recursos en cuestión pertenecen al ejercicio fiscal 2023 y fueron parte del paquete de apoyo federal para atender los daños ocasionados por el huracán Otis, uno de los fenómenos más devastadores que ha golpeado la región en décadas. En particular, los fondos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Fortamun), así como de los Ramos 33 y 38.

Hasta ahora, no existe un informe público detallado sobre cómo se ejercieron estos casi 900 millones de pesos. Esta falta de claridad ha aumentado la presión sobre el gobierno municipal, que insiste en que el proceso legal busca simplemente delimitar correctamente las competencias entre las auditorías estatal y federal.

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foto cortesía 

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