Este domingo 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada inédita en su historia democrática: por primera vez, la ciudadanía elegirá directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a la población a participar en este proceso, que considera un paso fundamental para democratizar una institución que, según ella, ha estado marcada por "privilegios" y falta de transparencia.

Un proceso sin precedentes

La reforma al Poder Judicial, impulsada en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024, establece que los 881 cargos federales en disputa sean ocupados mediante voto popular.

La medida busca combatir prácticas como el nepotismo y la corrupción, que, de acuerdo con el discurso oficial, han dañado la legitimidad del sistema judicial en México. En total, se elegirán más de 2,600 cargos judiciales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia, jueces y magistrados.

El proceso será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha desplegado más de 84,000 casillas en todo el país y ha preparado insumos para una lista nominal superior a 90 millones de votantes, pese a los recortes presupuestales y al poco tiempo para organizar el ejercicio.

Críticas, dudas y polarización

La elección judicial ha generado posturas encontradas. Mientras que el gobierno la califica como un ejercicio de justicia participativa, varios sectores de la oposición, especialistas y organizaciones civiles han advertido que podría derivar en una pérdida de autonomía judicial.

Críticos señalan que algunos de los aspirantes no cuentan con experiencia en el ámbito jurídico, y en ciertos casos, arrastran antecedentes penales o vínculos con partidos políticos. Asimismo, alertan que el proceso podría abrir la puerta al control político del Poder Judicial desde el Ejecutivo o el Legislativo.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha rechazado dichas acusaciones. En mensajes difundidos en sus redes sociales, aseguró que "la ciudadanía tiene el derecho de decidir quién imparte justicia", y negó que se trate de una maniobra para colocar a ministros “a modo” o alineados a intereses partidistas.

¿Qué sigue después del 1 de junio?

Tras la jornada, el conteo de votos se realizará del 1 al 10 de junio, y los resultados oficiales se darán a conocer el 15 de junio. En caso de impugnaciones, deberán resolverse antes del 28 de agosto.

Los nuevos jueces y magistrados tomarán protesta ante el Senado de la República el 1 de septiembre. Su periodo será de nueve años, con opción de reelección. En el caso de los ministros de la Suprema Corte, el tiempo en funciones variará entre ocho y once años, dependiendo de la cantidad de votos recibidos.

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Foto cortesía

xmh