A menos de un mes de que México celebre su primera elección para integrar parte del Poder Judicial, surgió una nueva controversia: los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) que se cancelen 18 registros de candidaturas por posibles vínculos con delitos graves y conflictos de interés.

De acuerdo con los legisladores, quienes emitieron la petición este domingo, las personas señaladas estarían relacionadas con investigaciones penales en curso, algunas incluso con órdenes de aprehensión vigentes. Entre los delitos que se mencionan están abuso sexual, peculado, lesiones y presunta relación con redes de delincuencia organizada.

Además, otros ocho aspirantes habrían quedado por debajo del promedio académico mínimo requerido para postularse: 8.0 en licenciatura. Según el documento entregado, varios registros tienen calificaciones finales que van de 7.0 a 7.9, lo que, desde su perspectiva, afecta la calidad del proceso de selección.

“No se trata solo de una elección por voto, también deben cumplirse ciertos estándares éticos y legales. No podemos permitir que el sistema de justicia recaiga en manos de personas sin preparación suficiente o con vínculos oscuros”, señaló Gutiérrez Luna en conferencia.

Uno de los puntos más delicados del reporte es la participación de aspirantes que, según los legisladores, han defendido legalmente a personas relacionadas con el crimen organizado, lo cual consideran que podría comprometer su imparcialidad si llegaran a ejercer como jueces o magistrados.

La elección del 1 de junio de 2025 será inédita en la historia del país. Ese día, poco más de 99 millones de mexicanos podrán votar por 881 cargos del Poder Judicial, incluidos puestos en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. En total, hay 3,422 personas registradas como candidatas.

Este nuevo esquema ha sido objeto de debate desde su anuncio. Algunos expertos advierten que, sin filtros rigurosos, el sistema corre el riesgo de permitir la entrada de perfiles inadecuados a cargos clave. De hecho, el INE ha implementado mecanismos para identificar a personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales o deudas alimentarias.

Aunque la solicitud de cancelación no implica una suspensión automática, el INE tendrá que analizar los casos, y en última instancia, podría ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien decida si procede o no la impugnación.