El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría volver a poner sobre la mesa una denuncia interpuesta en 2023 contra el exgobernador de Morelos y actual legislador federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de incurrir en posibles actos de violencia política de género.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso revocar el cierre del caso, argumentando que la Sala Especializada cometió un error al desecharlo por caducidad sin revisar el fondo de la acusación. Según su proyecto, es necesario que se estudien con detalle los hechos denunciados y se determine si existió o no una vulneración a los derechos políticos de la hoy senadora Juanita Guerra Mena.

La legisladora, entonces diputada federal por el estado de Morelos, presentó la queja luego de haber sido, según ella, excluida de manera intencional de los preparativos y actividades del evento conmemorativo del 2 de mayo en Cuautla, una fecha histórica para el estado. Señaló que no se le permitió participar en las reuniones organizativas ni colocar un estrado para recibir invitados, a pesar de que era representante de la región en el Congreso.

El reclamo no fue únicamente contra Blanco Bravo. También fueron señalados otros exservidores públicos del gobierno estatal y del municipio de Cuautla, entre ellos su entonces secretario privado, personal de logística del Ejecutivo, así como autoridades locales del área de cultura y del ayuntamiento.

Aunque el caso fue cerrado en primera instancia bajo el argumento de que la denuncia fue presentada fuera del tiempo permitido, el magistrado Rodríguez Mondragón sostiene que no hubo resolución de fondo, por lo que aún existe posibilidad legal de que se retome el análisis.

Este asunto ocurre en un contexto donde las instituciones electorales han sido presionadas a reforzar sus criterios sobre violencia política en razón de género, particularmente en los niveles local y estatal, donde muchas veces las reglas no se aplican con la misma fuerza que en el ámbito federal.

Si el proyecto es aprobado por mayoría en la Sala Superior, el caso deberá regresar a la Sala Especializada para que se valore la conducta de los involucrados. Dependiendo del resultado, podría haber consecuencias legales o administrativas si se confirma que se trató de una acción discriminatoria.

Hasta ahora, el diputado Cuauhtémoc Blanco no ha emitido comentarios públicos sobre la propuesta de reabrir el caso.

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xmh