Huauchinango, Pue.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abrió un periodo para la “consulta pública” técnica del proyecto hidroeléctrico Gaya que la empresa del mismo nombre pretende instalar en la margen derecha del río Apulco, en el municipio de Zacapoaxtla, ubicado en territorio del pueblo náhuatl.

Aunque fue este 28 de julio cuando se dio a conocer la determinación de la dependencia federal en la Gaceta Ecológica número 37, el periodo de consulta “pública” de la Manifestación de Impacto Ambiental -sometida a su consideración por tercera ocasión luego de dos fallos en contra- inició ocho días antes, el pasado 20 de julio, y se cerrará el 17 de agosto próximo.

Según la Semarnat el proyecto registrado con el número 21PU2016E0036 se ubicaría únicamente en el municipio de Zacapoaxtla, -antes afectaba a Cuetzalan-, y puede conocerse en las oficinas de la delegación en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla para “proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes”, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Es decir, a pesar de que la secretaría denomina al proceso “consulta pública”, no se trata del procedimiento previsto por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los derechos de los pueblos originarios para decidir sobre su territorio y los recursos naturales que hay en él.

En cambio, la empresa asegura que desde el año 2012, “ha llevado a cabo gestiones administrativas y sociales ante la comunidad de influencia directa del Proyecto (San Juan Tahitic), para acordar los términos en que podría integrarse con la comunidad y desarrollar el proyecto, considerando la consulta de la población indígena que habita en la región”.

En la MIA se calcula un plazo de duración para el proyecto de 58 años: Planificación y desarrollo de ingeniería conceptual: dos años; estudios técnicos y gestión de permisos: tres años; la preparación del sitio y la construcción tomaría tres años; además se prevé que dure en operación y mantenimiento 50 años.

La hidroeléctrica se define como “en pequeña escala” y con 12 Mega Watts de generación de energía que será entregada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su transmisión y distribución.

Los elementos de construcción consisten en una obra de toma, un  desarenador, canal, cámara de carga, conducción forzada, tramo en túnel, tramo al aire libre, casa de máquinas, canal de desfogue y una subestación eléctrica; sin embargo se aclara que en el proyecto no se incluyen estas dos últimas, tampoco la línea de transmisión entre la casa de máquinas y la subestación eléctrica, ni las instalaciones de la línea de trasmisión para interconexión con la red nacional de CFE, ni los caminos de acceso. Pero no se establecen las razones de esta omisión.

La empresa Hidroeléctrica Gaya admite que habrá afectación a la vegetación forestal por las obras civiles, debido a la tala de árboles; que habrá disminución del flujo de agua del río Apulco por la toma y que el paisaje se alterará por la toma y la casa de máquinas; sin embargo considera que no habrá “impactos acumulativos o sinérgicos que ocasionen desequilibrio ecológico, porque los impactos del proyecto no interactúan con otros impactos preexistentes”.

Sin embargo no menciona que las obras que se proyectan realizar están a sólo seis kilómetros de la presa de La Soledad que es aprovechada también por la CFE; y que su toma se ubicará a sólo 300 metros de la boquilla de la Hidroeléctrica Diego, una de las cuatro generadoras que pretende hacer Ingenieros Civiles Asociados, en este mismo caudal serrano.

Además de que los habitantes de San Juan Tahitic han rechazado a la hidroeléctrica debido a que consideran que la información sobre las obras que pretende hacer es escasa, deficiente e incompleta. También la acusaron por soslayar el hecho de que la construcción se quiere hacer en un territorio habitado por indígenas nahuas y por lo tanto deben ser consultados de manera previa, libre e informada y en su idioma, como lo establece el Convenio 169 de la OIT que tiene rango constitucional.

En marzo pasado, el ayuntamiento de Zacapoaxtla oficializó su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y minas en su territorio y se comprometió a no otorgar permisos para su instalación tanto en la cabecera municipal, como en sus seis juntas auxiliares y 22 comunidades.